jueves, 2 de julio de 2020

Sobre la reincorporación en el MAPA

El uno de julio y previa negociación con los representantes sindicales en la Mesa Delegada en el MAPA de la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado (CSIF, UGT y CCOO), ha entrado en vigor la Instrucción de 26 de junio del Subsecretario del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación sobre las medidas a adoptar en el Ministerio y sus organismos autónomos con motivo de la nueva normalidad, en virtud de la Resolución de 17 de junio de 2020 de Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se dictan las Instrucciones de carácter organizativo a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo de la nueva normalidad.
Ambas Resoluciones regulan de forma similar la modalidad de trabajo no presencial, que señalan como la forma de prestación ordinaria, pero sin embargo, la Resolución del Subsecretario del Ministerio regula de manera distinta la modalidad no presencial del colectivo no priorizable y con matices distintos en la del colectivo priorizable, tal y como se resume en las siguientes tablas:
MODALIDAD NO PRESENCIAL- Función Pública
Colectivo priorizable
Grupos vulnerables para la COVID-19 y otros
Colectivo no priorizable
Tendrá carácter voluntario y se articulará, por la persona titular de cada centro directivo
T. No Presencial
T. Presencial
T. No Presencial
T. Presencial
Mínimo del 80%
Hasta el 20%
Hasta el 80%
Mínimo del 20%

MODALIDAD NO PRESENCIAL- MAPA
Colectivo priorizable
Grupos vulnerables para la COVID-19 y otros
Colectivo no priorizable
Cuando se considere necesario el centro directivo lo podrá autorizar a solicitud del empleado público
T. No Presencial
T. Presencial
T. a Distancia
T. Presencial
Mínimo 80%
Hasta el 20%
Hasta un 40%
Desde el 60%

MODALIDAD  PRESENCIAL- Función Pública
Se podrá compaginar con prestación del trabajo en una modalidad no presencial de hasta un 20% de la jornada semanal.

MODALIDAD  PRESENCIAL- MAPA
Será la forma de prestación ordinaria, pudiendo compaginarse con el trabajo a distancia hasta un 20% de la jornada semanal.
Durante estos últimos meses, se ha intentado en varias ocasiones se pudiera celebrar una reunión de la Junta de Personal, aunque fuera de forma telemática, que no pudo ser por las continuas negativas y/o inasistencias de los delegados de prevención y de los representantes de CSIF y UGT, que durante este tiempo han adoptado una posición de bloqueo sistemático, para que el Órgano de Representación de los y las Funcionarias del MAPA, pudiera conocer de la mano de los delegados de prevención las medidas que se iban adoptando o se pretendía adoptar en cada momento de la Pandemia y en su caso proponer aquellas otras que se estimaran necesarias.
Finalmente y tras varios intentos infructuosos se celebró la reunión del pleno de la Junta de Personal del MAPA y sus Organismos Autónomos el pasado día 24 de junio de 2020, con carácter previo a la reunión de la Mesa Delegada y pese a la actitud de bloqueo y oposición de los miembros de CSIF y UGT presentes por video conferencia, se acordó remitir las siguientes propuestas y consideraciones a la Subsecretaría del MAPA, sobre la reincorporación del personal:
1.                  Que todos los Empleados Públicos, sin importar su situación personal, puedan optar, si su puesto de trabajo lo permite, a los máximos establecidos para el tiempo de trabajo en modalidad no presencial (hasta un 100% de la jornada semanal)
2.                  En caso de que el responsable de la Unidad Administrativa competente se niegue a adoptar la modalidad no presencial solicitada por el trabajador, deberá comunicarse este impedimento por escrito motivado en el que se detallen las causas sanitarias, organizativas y técnicas que lo fundamentan.
3.                  La incorporación de personal de forma presencial deberá realizarse siguiendo las instrucciones de Prevención de Riesgos Laborables.
4.                  Se deberá formar a aquellos Empleados Públicos –EEPP- que trabajen en modalidad no presencial sobre los riesgos asociados al desempeño de su trabajo fuera del puesto habitual (presencial), con relación a, entre otras, la posición y características del mobiliario que deben usar, la iluminación, la colocación de pantallas… 
5.                  Instamos a que se faciliten equipos a aquellos EEPP que, pudiendo desempeñar su trabajo en modalidad no presencial, no dispongan de equipos personales que se lo permita.
6.                  Recordamos la obligación de la administración de facilitar los medios y herramientas para el desempeño del puesto de trabajo, con vistas a la futura extensión del teletrabajo como algo habitual en las Administraciones Públicas, para comenzar la inversión necesaria para dicha transformación a medio-largo plazo.
7.                  Creemos importante que se lleva a cabo un nuevo diseño de puestos de trabajos favoreciendo la modalidad de teletrabajo así como incorporar de manera urgente en el catálogo de puestos información sobre aquellos que puedan desempeñarse en modo no presencial, así como las funciones y características de los que pueden desempeñarse en la modalidad de teletrabajo.
8.                  Consideramos conveniente que se establezca un Plan de Actuación ante posibles rebrotes de la COVID-19 o futuras pandemias, para facilitar las tareas a realizar llegado el momento.
Es evidente para todos y todas, que la decisión adoptada por la Subsecretaría del MAPA, previa negociación con los sindicatos presentes en la mesa delegada, y cuyo contenido desconocemos, se aparta notablemente de lo propuesto por los representantes del personal funcionario del MAPA sobre las medidas a adoptar en el Ministerio y sus organismos autónomos con motivo de la nueva normalidad, e incluso también de la propia Resolución de Función Pública y su aplicación en la práctica está colocando en situaciones difíciles de asumir y justificar a compañeras y compañeros que generosamente contribuyeron durante los peores momentos de la pandemia a que el trabajo saliera adelante poniendo a disposición de la Administración sus propios medios personales.
Como hemos venido manteniendo en nuestros anteriores comunicados si continua latente la amenaza del virus, no vemos motivos para que quien así lo quiera, no pueda seguir desarrollando su trabajo mediante la modalidad no presencial. Y seguimos sin entender (porque nadie nos ha dado razones que lo justifiquen) que se ponga en riesgo a compañeras y compañeros obligándoles en contra de su voluntad a prestar su trabajo de forma presencial si no se dan razones objetivas de peso debidamente motivadas, dados que los riesgos para la seguridad y salud en los desplazamientos e incluso en la permanencia en el propio centro de trabajo siguen existiendo.

Por último, reiteramos la importancia de que todas y todos cumplamos con las medidas de seguridad decretadas por la Autoridad Sanitaria para garantizar la salud de quienes se vayan a reincorporar a la actividad laboral y en aquellos casos en que se detecte algún riesgo para las seguridad y salud de las personas se ponga en conocimiento de los servicios de prevención de riesgos del Ministerio.
Ánimo y Salud.
Julio de 2020

martes, 9 de junio de 2020

DE CAMINO A LA ANORMALIDAD #covid19


DE CAMINO A LA ANORMALIDAD EN EL #MAPA 

La nueva normalidad”, ese término que venimos oyendo desde hace meses para intentar determinar la situación en la que nos encontraremos dentro de escasas semanas, no es sino una contradicción en sí misma, ya que no debería ser calificado como normal algo que supone una novedad, una novedad que a su vez, dejará de serlo cuando sea normal, ya que para entonces ya no va a ser algo nuevo.

Pero independientemente de cómo lo definamos, muchas son las dudas e incógnitas que se nos plantean ante el nuevo escenario que nos espera tras la finalización del estado de alarma a los y las empleadas públicas de la Administración General del Estado (AGE) y por ende a las de este Ministerio. Dudas que en definitiva giran en torno al cómo y al cuándo va a ser el regreso a nuestro puesto de trabajo de manera presencial, por los riesgos que para nuestra seguridad y salud pudiera haber.

Quienes formamos parte de CGT en el MAPA somos conscientes y compartimos, el gran temor que nos genera el regreso a nuestros puestos de trabajo de manera presencial, por los indudables riesgos que seguirán subsistiendo aunque haya finalizado el estado de alarma. En este sentido, es importante que se cumplan con las medidas de seguridad decretadas por la Autoridad Sanitaria para garantizar la salud de quienes se vayan a reincorporar a la actividad laboral. Y para garantizar la seguridad y salud de todas y todos es esencial minimizar cualquier riesgo que sobre ellas se produzca, y esta es una tarea que habría que desarrollar en el seno del Comité de Seguridad y Salud con la participación de la Junta de Personal y Comité de Empresa de conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto Básico del empleado público.
Es previsible que por parte de Función Pública, se dicte otra Resolución, que de acuerdo a lo establecido en las anteriores disposiciones, trate de establecer un nuevo marco normativo adaptado a la nueva situación que intente dar respuesta al modo en el que debe proceder el regreso al trabajo de manera presencial de los y las empleadas públicas de AGE, para que los distintos Departamentos Ministeriales establezcan las suyas en la medida de los trabajos y funciones que tienen encomendadas.
Según los últimos datos publicados por Secretaría de Estado de Politica Territorial y Función Pública, a finales del mes de mayo, el 55 % del conjunto de los y las empleadas públicas de la AGE venía prestando servicios de manera no presencial, mientras que casi el 36% lo hacía presencialmente.
En el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) eran 199 personas que lo hacían presencialmente, mientras 1350 lo hacían de manera no presencial, lo que suponía que solo el 13 % de las personas acudían a su puesto de trabajo para prestar servicio de manera presencial.

En las dos últimas semanas, hemos observado que se han ido incorporando nuevas personas a prestar servicio de manera presencial, lo que sin duda ha podido elevar el porcentaje a más de un 15 % del total de empleados y empleadas públicas del MAPA, lo que nos sitúa como ministerio muy por debajo de la media de la AGE, por lo que nos tememos que en algunas unidades se pretenda elevar el porcentaje de presentismo sin razones objetivas que lo justifiquen, sin embargo, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. , establece en su Artículo 5 el Carácter preferente del trabajo a distancia.
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

Lo establecido en este artículo, se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al cumplimiento del estado de alarma, y en atención a las circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno, según establece el art. 15 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.

Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo se está impulsando un proyecto normativo para regular el trabajo a distancia. Parece que hay un evidente empeño por parte del Gobierno, en que se fomente el sistema de trabajo a distancia.

Bajo nuestro punto de vista, si durante los últimos meses se han seguido realizando las tareas que teníamos encomendadas de manera no presencial, continuando presente la amenaza del virus, no hay motivo para que quien así quiera continuar no pueda seguir haciéndolo. No entenderíamos que se ponga en riesgo a compañeras y compañeros obligándoles en contra de su voluntad a prestar su trabajo de forma presencial si no se dan razones objetivas de peso debidamente motivadas, dados los riesgos que supone para su seguridad y salud los desplazamientos e incluso su permanencia en el propio centro de trabajo.

Independientemente de nuestros acuerdos como organización, y teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que nos están tocando vivir, en CGT, proponemos que el regreso de manera presencial a nuestra actividad laboral debería ser gradual, flexible y razonable y siempre que sea posible voluntario, guardándose y garantizándose todas las medidas de seguridad para salvaguardar la salud de las personas.

jueves, 4 de junio de 2020

A vueltas con la vuelta en el MAPA #COVID-19

Sobre la Vuelta al trabajo presencial en el MAPA

Las personas de la CGT en este Ministerio somos conscientes de la grave y extraordinaria situación que estamos atravesando y de la que parece que empezamos a salir. Como vosotros y vosotras hemos sufrido los efectos de esta terrible enfermedad y queremos compartir vuestro dolor que también ha sido el nuestro y desear que esto pase ya y podamos vernos y sentirnos cerca. Somos conscientes que esto no va a ser ni mañana, ni pasado mañana y que antes debemos ir cumpliendo unas etapas para asegurar que nuestra salud, la de todas las personas, no va a tener ningún riesgo.

Como la mayoría de vosotros y vosotras, como no puede ser de otra manera, hemos realizado el trabajo que tenemos encomendado en nuestros puestos de trabajo a distancia, de manera presencial, o en teletrabajo, respetando las normas que se nos han dado para asegurar la seguridad y salud de las personas que realizan su trabajo en el MAPA, pero durante este tiempo, también hemos continuado nuestra actividad sindical que está considerada como actividad esencial, prestándola en nuestro Sindicato y en nuestro Ministerio, para ello hemos participado en las reuniones periódicas se han celebrado en nuestra Organización, colaborando también con otros compañeros y compañeras de la Administración Pública de Madrid. En nuestro Ministerio también hemos procurado ayudar a quienes os habéis puesto en contacto nosotras y hemos procurado que los Órganos de representación del personal funcionario y laboral del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación se reunieran, de la única manera que es posible actualmente (telemáticamente), para intentar consensuar una postura común en los múltiples temas que nos han surgido y más recientemente sobre el proceso de reincorporación a los puestos de trabajo de manera presencial, para que entre todos y todas pudiéramos conocer y dar respuesta a las demandas que muchos de vosotros y vosotras habéis formulado.

Lamentablemente y pese a los múltiples intentos, a las convocatorias de la Junta de Personal, solo han acudido, junto a nosotros las compañeras y compañeros de FEDECA y el compañero de CCOO que es el secretario de la JP sin que asistieran el resto de compañeros y compañeras de CCOO, CSIF y UGT.

Ante los requerimientos que nos habéis hecho sobre el proceso de reincorporación a nuestros puestos de trabajo de manera presencial y la enorme preocupación que esto esta suscitando en muchos de vosotros y vosotras, y siendo conscientes de que hubiese sido deseable que los OORR pudiéramos haber tratado estos temas, sacamos el presente comunicado con nuestra interpretación de la normativa que de momento nos afecta:

La RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA DE MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD, establece el marco general para la reincorporación del personal de la Administración General del Estado, siguiendo las directrices dadas en materia de seguridad y salud por la Instrucción de 22 de abril de 2020 de la Secretaría General de Función Pública sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 de cara a la reincorporación presencial del personal, en esta última se dispone textualmente:

5.- Comités de Seguridad y Salud en el trabajo y participación social

Los Comités de Seguridad y Salud constituidos en los distintos ministerios, organismos y entes se reunirán, por medios telemáticos y tras la firma del presente documento, para asegurar la debida consulta y participación de los representantes de los trabajadores en la adopción y seguimiento de las medidas que resulten en cada momento de aplicación en sus ámbitos, retomando desde ese momento su actividad ordinaria, o extraordinaria cuando así se requiera, de acuerdo con la normativa de aplicación.

Se dará traslado de las cuestiones tratadas en estos comités a todos los delegados y se informará en la correspondiente Mesa Delegada.

Y en la Resolución de la Secretaría de Estado se recoge lo siguiente:

Decimotercera.- Diálogo social

Las medidas derivadas de la presente Resolución que se deban adoptar por parte de los Departamentos y organismos públicos de la Administración serán objeto de tratamiento previo en las Mesas Delegadas o demás órganos de participación que correspondan según el ámbito.

En el ámbito del MAPA se dictó mediante Resolución del Subsecretario de 5 de Mayo el PLAN PARA LA REINCORPORACIÓN PAULATINA A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL ANTE LA INCIDENCIA DE LA COVID 19  en el que expresamente se dice:

Primera. Prestación de servicios

1.1. Incorporación de los empleados a dependencias del Ministerio

En tanto se mantenga el estado de alarma y la situación de crisis sanitaria, y en función de su evolución, los centros directivos determinarán, de entre el personal con funciones de carácter crítico, aquel que deba acudir a las dependencias del Ministerio

Los empleados que no desempeñen funciones de carácter crítico en las dependencias del Departamento seguirán prestando servicios, siempre que sea posible, en la modalidad de trabajo a distancia, y deberán consultar su correo electrónico y estar disponibles para recibir las instrucciones oportunas de su centro directivo.

           

Cuarta. Participación del Comité de Seguridad y Salud y de Organizaciones Sindicales

El Comité de Seguridad y Salud constituido se reunirá periódicamente, por medios telemáticos, para asegurar la debida participación de los representantes de los trabajadores en la adopción y seguimiento de las medidas que resulten en cada momento de aplicación. La Subdirección General de Recursos Humanos dará traslado de las cuestiones tratadas en el Comité a todos los delegados.

Asimismo, la Subdirección General de Recursos Humanos suministrará periódicamente información sobre el seguimiento de las medidas acordadas en este Plan a la Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

De lo que se deduce que a excepción del personal que desarrolle funciones de carácter crítico, y hasta que finalice el estado de Alarma y la situación de crisis sanitaria se debe seguir en la modalidad de trabajo a distancia.

En cuanto al personal que por las funciones que realiza consideradas como críticas debas volver a su puesto de trabajo de manera presencial se deberá tener en cuenta:

·         que no concurran limitaciones de salud relacionadas con la COVID-19 (infectado, sospechoso, grupo de riesgo):

o   sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.)que pudiera estar asociada con la COVID-19r.

o   contacto estrecho o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por la COVID-19.

o   Mayores de 60 años y aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y el embarazo por el principio de precaución, u otras que pueda establecer el Ministerio de Sanidad

·         Que no tengan cargas familiares derivadas de la COVID-19, porque tengan a su cargo menores o mayores dependientes y se vean afectados por el cierre de centros educativos o de mayores que impliquen un deber inexcusable de permanecer en su domicilio.

 

Cuando llegue lo que se ha denominado “la nueva normalidad”, desaparezca el Estado de alarma, finalice la fase III, y en la medida que vaya disminuyendo el riesgo sanitario y de contagio está previsto se vayan incorporando a las dependencias del Ministerio los y las empleadas públicas de forma paulatina y de acuerdo a las instrucciones de carácter organizativo y protocolos de seguridad que se dicten en su momento.


miércoles, 13 de mayo de 2020

LP: 102 El anarquismo: una ciencia subversiva




EDITORIAL:  
ANARQUISMO Y CIENCIA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
DOSSIER: EL ANARQUISMO: UNA CIENCIA SUBVERSIVA. Álvaro Carvajal
COMPRENDER LA GEOGRAFÍA ANARQUISTA. Simon Springer
LA TRADICIÓN ANARQUISTA EN EL PENSAMIENTO URBANÍSTICO:
RECLUS, TURNER Y LA CONEXIÓN GEDDES, 1866-1976. José Luis Oyón
ANTROPOLOGÍA Y COMPROMISO: ANARQUISMO, POSMODERNISMO
Y DECOLONIALIDAD. Beltrán Roca y Emma Martín Díaz
ARQUEOLOGÍA Y MOVIMIENTO LIBERTARIO. Ignacio Muñiz Jaén
SIN MEMORIA NO HAY HISTORIA Y SIN HISTORIA NO HAY VERDAD. Charo Arroyo
ANARQUISMO Y ECONOMÍA: ¿UNA AUSENCIA ETERNA? Luis Buendía y Daniel García
MISCELÁNEA:
CONSTRUYAMOS EL ANARCOFEMINISMO DEL SIGLO XXI. Laura Vicente
DE LA INSUMISIÓN A LAS PLAZAS. Pedro Oliver Olmo
SOBRE EL MIEDO Y OTROS FUNDAMENTOS DE LA DOMINACIÓN:
LOS DEL EUROPA, OCHO DÉCADAS DESPUÉS. Alejandro Pérez-Olivares
CULTURA DE LA VIOLACIÓN: UNA CUESTIÓN POLÍTICA. Raquel Miralles
SINTOMATOLOGÍA DE LA DEBILIDAD. Carlos Luis Usón
REFLEXIÓN COMPARTIDA:
GRITO EN EL ECO. Isabel Pérez Montalbán
CÓMIC. ATADO Y BIEN ATADO. LA TRANSICIÓN GOLPE A GOLPE (1969-1981).
Rubén Uceda
CONTRACAMPO. EL HOYO. Rafael Arias y María Teresa Ayllón
FOTOGRAFÍA. MUJERES. Jorge Navarro
LIBROS:
LAVA Y CENIZA. LA REVOLUCIÓN SANDINISTA Y EL VOLCÁN DE
LA SOLIDARIDAD VASCA. TXEMA GARCÍA. José Manuel Ágreda
ANTIFASCISTAS ALEMANES EN BARCELONA (1933-1939).
D. NELLES, H. PIOTROWSKI, U. LINSE, C. GARCÍA. Laura Vicente
BREVES
ME CAGO EN GODAR. PEDRO VALLÍN. Viki Criado

jueves, 30 de abril de 2020

1º DE MAYO CONTRA LAS DESIGUALDADES SOCIALES

1º DE MAYO AHORA MAS QUE NUNCA CONTRA LAS DESIGUALDADES SOCIALES

El 1º de Mayo, día Internacional de la Clase Trabajadora, ha pasado por muchas vicisitudes desde que, aquel lejano 1886, los mártires de Chicago salieran a la calle siendo masacrados por la policía, para reivindicar un derecho que hoy vemos como irrenunciable, la defensa de la jornada laboral de 8 horas.

Este año no podremos salir a las calles con nuestras reivindicaciones a causa del Estado de Alarma, pero ello no debe ser impedimento para que nuestras ideas y nuestros anhelos lleguen a la ciudadanía.

 Este 1º de Mayo es necesario gritar alto y claro el fracaso del capitalismo y de las medidas neoliberales aplicadas por los sucesivos gobiernos, la crisis del COV19 lo ha puesto de manifiesto de manera incontestable.

Nuestro compromiso con unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, así como recuperar las empresas y medios de producción regalados a manos privadas, debe animar nuestro compromiso y nuestras reivindicaciones. Por supuesto también, la lucha contra el cambio climático y la lucha por la Igualdad entre mujeres y hombres y contra las violencias machistas.

 La defensa firme de la Sanidad pública, la Educación pública, el derecho a la Movilidad, al Transporte público, las actuaciones para la atención a las personas Dependientes, la derogación de todas las Reformas laborales, el derecho a los Cuidados, la necesidad de conseguir una Renta Básica de las Iguales (REBis), garantizando las necesidades vitales de la población, para que el empleo no sea una condena sino una opción, la Cohesión Territorial, para dar soluciones reales a la llamada “España vaciada”, las personas Migrantes, quienes mueren en el intento y quienes son “muertos y muertas en vida” por la sobreexplotación y su invisibilidad como “ciudadanas”, a las personas Jóvenes sin futuro, la necesidad de combatir la represión que el estado ejerce a través de sus Leyes Mordaza, unas Pensiones públicas dignas y suficientes, etc…, son retos a conseguir por todas y para todas.

 Es incuestionable que la lucha en la calle es la única herramienta de la que verdaderamente disponemos a la hora de enfrentarnos a las graves injusticias que venimos sufriendo, debemos revitalizar la lucha en la calle, ahora que suenan nuevamente trompetas que auguran una gran recesión. No podemos permitirnos el lujo de que los excesos incontrolables del capital vuelvan a recaer sobre los hombros de la clase trabajadora. Por eso ahora más que nunca:

  VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA – VIVA EL 1º DE MAYO





Concierto organizado para el  1º de Mayo que comenzará a partir de las 12:00 en la televisión de la CGT: Rojo y Negro Tv



Contaremos con la actuación, desde sus casas, de los siguientes artistas:

Fernando – Reincidentes
Akulu
Puro Chile
Judit Mateo y Chuse Joven
Josu – Parabelum
Yo No Las Conozco
Javi Chispes – Maniatica
Penadas Por La Ley
Bode – Porretas
Txus – Disidencia
Gerardo – Vantroi
Alberto – Boikot y Raquel – Yo No Las Conozco
Paco Pascual – Monologo



miércoles, 15 de abril de 2020

#COVID19 Pandemia, servicios de emergencia y militares

Un articulo de Arainfo. https://arainfo.org/pandemia-servicios-de-emergencia-y-militares/


Estamos viviendo una pandemia inimaginable en el primer mundo, asistiendo a situaciones que si nos las hubieran contado hace unos meses, no hubiéramos dado crédito a que sucedieran en nuestro país.



 La aprobación del estado de alarma, la prohibición de la libre circulación de las personas o la parada de las actividades no esenciales, son medidas que bien podían ser tomadas en un periodo de guerra, pero ha sido una crisis sanitaria la que nos ha hecho replantearnos el supuesto estado del bienestar que vivíamos en el primer mundo. No queda lejos la crisis financiera de 2008, y esta crisis sanitaria dará paso a otra crisis económica, dejando por el camino a un buen número de trabajadores con la consiguiente pérdida de derechos y libertades. Es previsible que Una de las cuestiones de las que estamos siendo espectadores es la constante militarización de la vida pública, lo que, en un país como España, donde todavía se recuerda la sanguinaria dictadura militar del general Franco, resulta cuando menos chocante. Pero si analizamos detenidamente esta situación, nos deberíamos preguntar: ¿es necesaria la militarización de la crisis? ¿No tiene nuestro país capacidad para afrontar la emergencia desde la sociedad civil? ¿O se busca otro fin en la estrategia militar?

Si pensamos un momento en cuál es el fin del ejército todo el mundo pensara enseguida en la guerra y en la protección de nuestras fronteras ante invasiones extranjeras. Cuando vemos militares desplegado en territorio nacional, marchando por las calles de Pamplona o Barcelona sin un fin concreto, en una exaltación sin sentido de su propia existencia, se nos viene a la cabeza otros países con supuestas democracias menos asentadas, donde la resolución de los problemas políticos se plantea por la vía militar en vez la vía del dialogo. Pero desde hace unos años, estamos acostumbrados a ver y oír constantemente en los medios de comunicación la cara más amable de las Fuerzas Armadas. La Unidad Militar de Emergencias (UME), que cada vez que hay un gran incendio forestal o una inundación acapara los medios de comunicación, y que durante estos días, se ha hecho muy presente en muchas facetas de la lucha con el Covid-19.

Pero para hablar de la UME hay que contextualizar la historia de su creación, y remontarnos a los años 90, cuando el Ministerio de Medio Ambiente crea por el territorio nacional las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), a través de su empresa pública Tragsa, fijándose en el cuerpo de elite norteamericano de los “smoke jumpers”. Unas brigadas helitransportadas de personal especializado para la lucha contra los incendios forestales, que esos años, estaban asolando España y que en ese momento los medios que había, resultaban totalmente insuficientes para hacerles frente. Durante aquellos años se crearon nueve bases BRIF que empleaban a casi 500 trabajadores que fueron el germen de una nueva profesión, los bomberos forestales, que, con ayuda de helicópteros de gran capacidad, MI8 rusos primero y PUMAS europeos después, acudían a cualquier punto de la geografía española a apoyar al personal propio de las Comunidades Autónomas a extinguir los grandes incendios forestales.

El nivel de calidad y especialización continuó, pese a que el trabajo de las BRIFs solo se desarrollaba durante la temporada de incendios veraniegos. Sus trabajadores comenzaron a unirse y luchar, para trasformar ese trabajo de verano en una profesión digna para toda la vida. En agosto de 2005, se da la primera movilización del personal de la BRIF protestando por la situación precaria del servicio y solicitando la ampliación de la campaña y sus competencias. Un año antes se habían sufrido unas nevadas que dejaron a gran parte del país bloqueado y el 17 de julio de 2005 se produjo el famoso incendio de Guadalajara, donde murieron 11 trabajadores del operativo de extinción.

En 2005 gobernaba el PSOE, con Zapatero como presidente, y a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente se situaba Cristina Narbona, con quien en septiembre de ese año, la asociación que representaba a los trabajadores de las BRIFs del estado, ATBRIF, tuvo la primera reunión con la ministra, donde le trasladaron una propuesta para ampliar el trabajo de las BRIFs a contingencias y emergencias en el medio natural, como nevadas, inundaciones o grandes catástrofes, además de los incendios forestales.

Sin una respuesta clara por parte del ministerio, el 7 de octubre de 2005 el gobierno de España aprueba la creación de la UME en consejo de ministros y de la propuesta de las BRIFs nada se volvió a saber. Con un coste total de 1600 millones de euros, la UME está compuesta por siete bases, Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza, San Andrés del Rabanedo (León), Gando (Las Palmas) y Los Rodeos (Tenerife), y más de 3500 miembros. Su dotación de material es amplia y diversa, contando con cerca de 1.000 vehículos, no sólo terrestres, sino también aviones, helicópteros y embarcaciones ligeras. El resultado final es contrario a lo que la gente opina respecto al aprovechamiento para la sociedad del gasto militar, suponiendo un incremento al desmesurado gasto de defensa, ya que de 2006 y 2008 el presupuesto en defensa aumento más de un 20%.

El gobierno socialista quiso copiar el modelo francés, creado por el general De Gaulle tras la segunda guerra mundial, obviando que el modelo de EEUU, Australia, Canadá, Japón y el resto de Europa para la Protección Civil es el de personal profesional y civil, recibiendo críticas tanto desde fuera como desde dentro del ejército, pero la intención de blanquear un ejército que no tenía gran aceptación en nuestro país y la posibilidad de controlar un cuerpo de tantos trabajadores sin prácticamente derechos laborales, hizo decantarse por este modelo.

El resultado nada tiene que ver con el modelo francés, ya que Francia, con 65 millones de habitantes, tiene unos 52.000 bomberos civiles y bomberos militares 1500, con lo que la ratio bombero civil/bombero militar es de 34,66/1, pero España, con 46 millones de habitantes, tiene 20.222 bomberos, y la UME tiene 3.560, su ratio es de 5,68/1; es decir, que la desproporción es abismal.

Podríamos pensar que con tal inversión en la UME su capacidad de trabajo es inmensa y realizan gran cantidad de intervenciones, pero esa idea choca con la realidad de las cifras. El pasado año, los 1.300 bomberos de la Comunidad de Madrid realizaron un total de 27.500 salidas. Los 607 de Barcelona, casi 21.000. Los 186 de Bilbao, alrededor de 2.500 y los 35 de Uesca 1484. Un soldado de la UME tuvo una media de intervención de 0,017; mientras que la de los bomberos de Comunidad de Madrid se eleva a 21,1; 34,5 en Barcelona, 13,4 en Bilbao y los de Uesca 42,4. Sin embargo, en los últimos 10 años los bomberos civiles han pedido 3000 puestos en todo el estado, pasando de 22.800 en 2010 a 19.800 funcionarios bomberos en la actualidad, por lo que no paramos de preguntarnos por las mejoras que podrían darse en los mermados servicios de bomberos civiles y forestales con el presupuesto de la UME.

Además, la imagen de la UME es omnipresente e inmaculada en las emergencias, incluida la crisis que estamos sufriendo. Pero cuando rascas un poco y hablas con el resto de personal que trabaja junto a ellos, bomberos civiles y bomberos forestales, descubres que la UME se caracteriza por la gran cantidad de medios que moviliza, pero la poca efectividad en el trabajo, sin iniciativa de sus miembros, jerarquía militar que impide ayudar a otros cuerpos que actúan junto a ellos y con una lenta capacidad de respuesta, cuestiones muy importantes cuando estamos hablando de emergencias. Todo ello es posible por el magnífico trabajo de márquetin que realiza el ejército, gracias a que la UME siempre mueve a su “batallón” de responsables en relaciones públicas y prensa, que consiguen capitalizar y protagonizar toda la información, cuando la mayoría de las veces, son bomberos civiles y forestales los que terminan realizando el grueso de las labores y con muchos menos medios.

Lo que la gente no sabe de los despliegues de la UME, es que no son gratuitos. Cuando solicitan su activación en un incendio forestal, una riada o una gran nevada, a la comunidad autónoma se le detrae de los presupuestos del año siguiente la “factura” que pasa el ejército por sus servicios. De esta manera, los ciudadanos pagan dos veces por el mismo servicio. En 2012, el incendio de Castanesa, en el pirineo aragonés, el despliegue de la UME rondo los 2 millones de euros, es de suponer que, en la actual crisis sanitaria, el ejército no pasará ningún tipo de cobro a las administraciones que requieren sus servicios, pero está cuestión está por ver.

Con toda la información expuesta, ¿se podría decir que España tiene capacidad para afrontar la crisis del COVID 19 sin necesidad de que el ejército asuma tanto protagonismo? Ya hemos explicado la capacidad que tiene el gobierno a través de los bomberos forestales de las BRIFs con un mando único dependiente del gobierno central, además de que cada comunidad autónoma tiene sus cuerpos de bomberos civiles que han pasado a depender del ministerio del interior haciendo trabajos diversos, como desinfecciones, retirada de cadáveres, además de continuar atendiendo las emergencias de su competencia. También disponen de los cuerpos de bomberos forestales autonómicos, que, en Aragón, dependen de la empresa pública Sarga, a lo que debemos sumar los servicios diversos de las administraciones locales, como los de limpieza.

Los sindicatos de Sarga, como CGT, llevan pidiendo desde el comienzo de la crisis que se les movilice para tareas de desinfección, ya que su personal está repartido por todo el territorio aragonés y tienen medios para ello. Podrían estar trabajando en tareas de desinfección más de 400 trabajadores con 37 camiones autobomba, pero la realidad es que, cuatro semanas después de declararse el estado de alarma, el gobierno de Aragón ha movilizado a una docena de bomberos forestales con una autobomba, demostrando una incompetencia manifiesta o una obediencia ciega a las órdenes interesadas desde Madrid. Para que podamos comparar, el año pasado la UME intervino en 32 incendios forestales en todo el territorio nacional y los bomberos forestales de Sarga tuvieron 367 incendios solo en Aragón, aunque el número de portadas que lleno la UME es inversamente proporcional a las que llenaron los bomberos forestales.

También hemos visto al ejército en los controles policiales desplegados con sus armas de combate, suponiendo un hecho grave y totalmente injustificado. La suma de policía nacional, guardia civil, policías autonómicas y policías locales es de 238.000 policías a las órdenes del ministerio de interior, y dado que la población está acatando masivamente las órdenes de restricción de movimiento con pequeñísimas excepciones, la cifra parece suficiente para un periodo confinamiento. Además, el ejército no está preparado para realizar tareas policiales en el país de origen, ya que carece de armamento adecuado para el trato con la población civil ni conoce la legislación aplicable, al contrario que las diferentes policías. Desplegarse en Zaragoza o Madrid no es desplegarse en Kabul o Trípoli, con lo que tenemos que preguntarnos ¿Cuál es la razón para desplegar militares para labores policiales?

En esta situación, los responsables políticos pueden tener la debilidad de caer en tácticas autoritarias, y pensar que para reforzar el cumplimiento de las nuevas normas que recortan los derecho y libertades, es mejor visualizar la fuerza armada en nuestras calles, cometiendo el error de tratar a nuestra sociedad como poco responsable ante la crisis que vivimos y sembrando un mal precedente para el futuro.

No es de extrañar que la ciudadanía se sorprenda cuando asiste a ruedas de prensa gubernamentales con gran presencia militar, para tener que escuchar en boca del JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, que “en esta guerra todos somos soldados”. Pero no debería sorprendernos esta actitud por parte de las Fuerzas Armadas porque es para lo que están preparados, la guerra. Lo que deberíamos pedir es que el ejército no tuvieran el peso que el gobierno les ha otorgado en esta crisis, ya que como hemos ido desgranando en este artículo, el estado tiene capacidad suficiente para abordarla desde una visión totalmente civil, lo que tampoco descarta la utilización de medios militares para cuestiones puntuales, pero dando la importancia y el protagonismo a quien realmente lo tienen, los sanitarios, los bomberos o la multitud de servicios públicos, que sin llenar portadas, trabajan diariamente para salir de esta crisis lo antes posible. Con lo que todos deberíamos decir: “en esta crisis todos somos civiles”.

domingo, 12 de abril de 2020

Nuestra Salud vale más que sus ganancias

Nuestra Salud vale más que sus ganancias

La CGT, nuevamente se ha dirigido por carta al gobierno, concretamente a los Ministros de Sanidad, Transportes y a la Ministra de Trabajo, para expresarle nuestro rechazo por la decisión que han tomado de reanudar las actividades productivas NO ESENCIALES, advirtiéndoles del riesgo que esto supone para los trabajadores y trabajadoras de esas empresas y para toda la población, pues lo lógico es que provocará un nuevo repunte de la Pandemia en nuestro país, dado que no hay material de protección suficiente para todas y todos, ni en sus empresas, ni en el transporte necesario para acudir a ellas y para volver a sus casas.

Esta decisión supone una concesión inaceptable a la Patronal en general y una irresponsabilidad temeraria por parte de los poderes públicos, cuyas consecuencias volverán a recaer fundamentalmente sobre la clase trabajadora, que ya cuenta por muchos miles su número de personas muertas.

Entre otras cuestiones, le hemos exigido al Gobierno que todos los contagios relativos al COVID-19 sufridos por trabajadoras y trabajadores, con independencia de su sector productivo, han de ser considerados a todos los efectos como accidente de trabajo, tanto durante la prestación del servicio en las instalaciones de la empresa como en el transporte, en los mismos términos que los accidentes “in itinere”.

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo deben ser mucho más inmediatas, rigurosas y efectivas ante cualquier denuncia que se presente, ya que de otro modo la Clase Trabajadora continuará en una situación de verdadera indefensión ante este virus.

El regreso a la actividad laboral debería ser gradual y razonable. Entendemos que aún no estamos en situación de retomar la actividad como antes del 29 de marzo ya que, en la mayoría de los casos, no puede garantizarse por parte de las empresas la seguridad y la salud de las trabajadoras y trabajadores.

El propio Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) entiende que deben asegurarse sistemas de pruebas suficientes, que permitan evaluar las consecuencias epidemiológicas antes de suavizar las medidas de distanciamiento comunitario y físico. Es por tanto imprescindible que por parte de las Administraciones se garantice la realización de los correspondientes test a todas las personas que deben acudir a trabajar o ya lo están haciendo. En cuanto al mal llamado “permiso retribuido recuperable”, además de que es una chapuza discriminatoria, entendemos que va a suponer un sacrificio inasumible por parte de las personas afectadas, que además de sufrir las consecuencias del confinamiento actual, verán después cómo se prolongan sus jornadas de trabajo, con los posibles efectos, para la salud y para la conciliación de su vida laboral y familiar.

Ya es hora de que los sacrificios no solo se exijan a la Clase Trabajadora, que ya está sufriendo con virulencia las consecuencias económicas de esta crisis y que, en un futuro próximo aún sufrirá más, ya que lo recaudado por impuestos directos, en el caso de las rentas del trabajo, es muy superior al impuesto de sociedades.

La CGT seguiremos defendiendo, con todas nuestras fuerzas, instrumentos y energía, el derecho a la protección de la Salud de las trabajadoras y trabajadores, y también de sus condiciones de vida,ante la falta de escrúpulos de la Patronal y la sumisión de los poderes públicos a sus intereses económicos, pues nuestra salud vale mucho más que sus ganancias.

  ¡Ya basta de agredir a nuestra Clase!