TTIP: las conquistas laborales en peligro

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TTIP: las conquistas laborales en peligro from Art.35 on Vimeo.

Serie documental sobre el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea. En este capítulo se analiza como la firma del tratado pondría en peligro las conquistas sociales y laborales que han protagonizado las luchas ciudadanas en las últimas décadas.

28 abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Ante el 28-A, Jornada Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, la CGT denuncia que los accidentes laborales aumentaron un 5,8% en 2015, lo que representa el fracaso de las políticas de prevención de la Administración y los pactos de los llamados agentes sociales, por la precarización de contratos y condiciones de trabajo

“La desigualdad de trato ante la vida y la salud laboral: el genocidio “silenciado” de cientos de miles de personas afectadas por el amianto”.


La declaración de los derechos universales de la ONU, están asumidos e instituidos por la mayor parte de las Constituciones de los países del mundo occidental. Las mismas declaran como derechos fundamentales o inalienables de todos los seres humanos el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a una vivienda digna.

La constatación que hacemos es que no existe la igualdad proclamada constitucionalmente: cientos de miles de personas, trabajadoras de todos los sectores de la producción y de la distribución, al igual que gran parte de la población, han sido sometidas a un trato “criminal” y premeditado de lesión y deterioro de su salud por el hecho de trabajar y coexistir con un producto “asesino”, el AMIANTO.


Las personas empresarias y las instituciones públicas, tenían constancia desde los años 40 del siglo pasado, que el AMIANTO era peligroso y que causaría y causa enfermedades graves, muchas de ellas con resultado de muerte y, de manera premeditada, permitieron hasta el año 2002 en el Estado Español que este fuera utilizado como un factor de producción barato, sin importarles un pimiento las consecuencias sobre los derechos fundamentales de millones de personas,  en la vida y la salud.

La desigualdad también se mide en la siniestralidad, el dolor y la muerte. La protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es un deber inalienable que las empresarias y las Administraciones Públicas, tienen que cumplir.

La quiebra de este deber de protección, se produjo desde el momento que las Administraciones Públicas permitieron –y permiten- a las empresarias, incumplir las legislaciones laborales protectoras de los derechos de las personas trabajadoras, así como permitieron –y permiten- que el Mercado y sus mercaderes, utilicen productos en nuestras viviendas, en los elementos cotidianos de la vida (calefacción, aires acondicionados, estufas, calentadores, etc., etc.) que nos condena a una mala salud física y ambiental, todo a mayor gloria de una minoría de la población, rica, poderosa, plutócrata en nombre de una competitividad, que deteriora y, quizás destruya, las bases sociales, económicas y medioambientales de la vida.

Desmantelada la red protectora, la impunidad es quien rige las relaciones laborales y por extensión, las sociales. La violencia ejercida sobre los derechos humanos fundamentales, se constituye como la “lógica más normal” de la vida y el cotidiano.

Esto sólo es posible, no sólo por la “alianza histórica” entre las oligarquías, poderosos y sus representantes políticos, sino que la ausencia de la lucha de los de abajo, de los ninguneados y ninguneadas, permite su impunidad e invisibiliza el dolor, la muerte y el desprecio por los derechos humanos fundamentales.

Para CGT, la recuperación de la VERDAD, es decir poner en el orden del día de la agenda “política” de las Instituciones, el “crimen y el genocidio” que ha supuesto y supone el producir y distribuir mercancías con un elemento dañino para millones de personas, como es y ha sido el AMIANTO, es un paso imprescindible para que Empresarias e Instituciones Públicas, sean IMPUTADAS y asuman sus responsabilidades civiles, penales y administrativas.

Y además, SE REPARE EL DAÑO CAUSADO, reconociendo que todas las personas que trabajamos y sufrimos el AMIANTO, tenemos derecho a tener un trato preferente en la vigilancia y protección de la salud, con los mejores medios existentes en la actualidad, y se INDEMNICE por el daño causado y se reconozcan los COEFICIENTES REDUCTORES en la jubilación de manera universal para toda esta población.

La “Ley del Mercado”  funciona como una máquina trituradora de derechos y de vidas y, las muertes, enfermedades y accidentes que causa esa “Ley”, tiene responsables con nombre y apellidos: las empresarias, sus gerentes, sus directivas y las y los políticos y legisladoras.

JUSTICIA Y REPARACION y CONDENA A LOS RESPONSABLES

1º de Mayo: A la calle a reconquistar Libertades y Derechos

http://cgt.org.es/1%C2%BA-de-mayo-la-calle-reconquistar-libertades-y-derechos

Este 1º de mayo es el cuarto aniversario de la muerte y secuestro de los Derechos Laborales y Sociales, que el gobierno y la Troika nos impusieron por medio de sus leyes liberticidas: La Reforma Laboral, la Ley Mordaza y el Código Penal.

Tremendas agresiones laborales que han supuesto la devaluación de todas las rentas salariales, robando a las clases asalariadas más de 8 puntos de toda la riqueza producida, para entregársela directamente a la oligarquía y al empresariado, aumentando así, hasta límites insoportables, la explotación de la mayoría social.

 Son Derechos que han expropiado a las personas trabajadoras, imponiendo la “flexibilidad” en las empresas,donde las condiciones de trabajo, es decir: jornadas, funciones, salarios, vacaciones, movilidad y disponibilidad, etc…, son administradas y decididas unilateralmente por el capital, provocando que los costes laborales disminuyan significativamente, en especial el despido. Además de la brutalidad que supone despedir sin ninguna causa, se benefician con una indecente rebaja de las indemnizaciones.



Han suprimido la libertad sindical e inutilizado la de Negociación Colectiva, entregando al empresariado la facultad de negar la defensa colectiva de la clase trabajadora y la capacidad de reprimir, de manera totalitaria, la disidencia y la Huelga.

Han condenado a toda una generación (o más de una) de jóvenes al paro, cerca del 50%, a la vez que se nos obliga a trabajar hasta los 67 años, para poder tener una pensión contributiva, la cual también está en duda.

Sobre las personas pensionistas actuales (9,2 millones), se han aplicado auténticas políticas de expropiación, bien congelándolas o bien incrementándolas en un mísero 0,25%. Para los y las pensionistas futuras, un recorte de entre un 5% y un 15%, gracias a las diferentes leyes elaboradas por los dos gobiernos (PP y PSOE) y sus colaboradores, es decir, los sindicatos del régimen.

Han puesto en riesgo todo el Sistema Público de Pensiones, por medio de abaratar los salarios (11,3 millones de personas asalariadas no llegan a los 700€ mensuales), a la vez que se exonera de pago a las empresas de sus cotizaciones sociales hasta los 500€, y se les fija tarifas planas de 100€. También se les exime de pagar cotizaciones hasta el 70% en gran parte de los contratos “basura” (formación, aprendizaje, etc.).

Unos gobiernos y otros, con el apoyo de sus partidos, han anclado a la “Constitución del Régimen”, la regla sagrada del Déficit, donde los estados y sus gobiernos asumen las Deudas de financieros, banqueros y grandes empresarios con el dinero público, garantizando siempre y en cualquier circunstancia el pago de dichas Deudas, por encima de los derechos sociales de todos y todas, tales como la Educación, la Sanidad, los Cuidados, las Pensiones, etc…

La libertad de Expresión, de Manifestación, de Huelga y de Disidencia, han sido liquidadas con el golpe de estado que suponen las leyes impuestas de Reforma del Código Penal, la Ley Mordaza y la Ley Antiyihadista.

Miles de personas: sindicalistas, desahuciadas y expulsadas de sus viviendas, activistas de las diversas mareas en defensa de lo público, personas de abajo, honestas, luchadoras, etc..., se encuentran encausadas, condenadas o encarceladas por el hecho de defender sus condiciones laborales, sus empleos, sus viviendas, su libertad de expresión…, sus derechos sociales en definitiva, miserablemente arrebatados.

Sin embargo, los poderosos (empresarios, financieros, banqueros) y quienes actúan como sicarios a su servicio (políticos), que llevan años y años apalancados en un sistema corrupto y criminal, son impunes y se ríen de nosotros y nosotras negando cualquier tipo de responsabilidad.

CGT, en este 1º de Mayo, hace una llamada a todas las personas que están sufriendo esta situación de emergencia social, de exclusión y precariedad, de represión policial, jurídica, laboral y económica, a tomar las calles, conjuntamente con su clase, para reconquistar los derechos y libertades que corresponden a la colectividad.

¡Vivan las personas que luchan!

¡Viva la Clase Trabajadora!

¡Viva el 1º de Mayo!

NOS DEVUELVEN PARTE DE LA PAGA QUE NOS DEBIAN: Electoralismo con nuestros derechos

De nuevo el Gobierno del PP utiliza la devolución de una parte de la paga extra sustraída en 2012 como baza ante una nueva convocatoria de elecciones

Lo han vuelto a hacer. Al igual que en las anterior convocatoria de elecciones generales de diciembre de 2015, el gobierno se saca de la manga la devolución de una parte de la paga extra de 2012 como baza electoral. Una paga extra que aparece y desaparece del horizonte en función de intereses electorales. No es casualidad que se haya tenido en la nevera la devolución de esta parte durante meses – aún estando presupuestada- para anunciar a través de sindicatos afines su pago cuando ya es más que evidente que habrá nuevas elecciones en junio.



Con esta medida pone de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar, la concepción que tiene el
Gobierno de las empleadas y empleados públicos como sujetos sin derechos que dependen de la voluntad del Gobierno de turno que, como el señor feudal, castiga o premia a sus huestes en función de sus intereses. Si en su momento mediante un Real Decreto “manu militari” se permite asaltar los salarios de los empleados públicos ahora toca devolver otra parte para hacer ver que en la administración no existen derechos sino dádivas. El gobierno concibe los derechos laborales de los y las empleadas públicas como si fueran concesiones graciosas que están al albur del político de turno y no como lo que son: conquistas sociales logradas a lo largo de los años.

En segundo lugar, deja en evidencia que con las medidas de “austericidio” dictadas contra nuestro colectivo y vendidas a la ciudadanía como necesarias para cuadrar las obligaciones de déficit exigidas por la UE no eran más que parte del teatro de falsedades que buscaba justificar unas decisiones tomadas de antemano. Era necesario justificar el falso discurso de que los servicios públicos son caros, que los empleados y empleadas públicas tenemos altos salarios, que somos poco productivos y la guinda de “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. En un contexto de empobrecimiento generalizado, de paro masivo y de precariedad a todos los niveles, nada mejor que buscar un chivo expiatorio que distraiga la atención de los verdaderos responsables. Y ahí la política de difamación hacia los empleados públicos a sabiendas que ese discurso falso va a contar con el apoyo entusiasta de unos medios de comunicación afines a sus tesis.

Con el tiempo vamos conociendo cuales eran las verdaderas intenciones del partido del gobierno. Un partido arrasado por la corrupción generalizada a todos los niveles, una auténtica maquinaria organizada para la usurpación de los recursos públicos en su propio beneficio y de las grandes empresas de donde proceden y a donde se reincorporan al finalizar su tarea. Ese falso discurso de que el déficit era causado por unos servicios públicos esenciales para una mayoría social cuando la realidad es que ese déficit proviene básicamente del injusto sistema fiscal que prácticamente exime a las grandes rentas de tributar–cuando no se lo llevan directamente a Suiza o a Panamá- y del saqueo sistemático de recursos públicos ejercido desde todos los ámbitos de la administración por quienes debieran de gestionarlos y defenderlos. La mejor medida de ahorro, la que verdaderamente hubiera permitido que los servicios públicos pudieran cumplir con su función social es muy sencilla: dejar de meter mano a lo público y devolver todo lo sustraído.

La CGT celebra su VI Congreso Extraordinario en Pamplona, los días 15 y 16 de abril, bajo el lema "Apostamos por lo público"

Los 175 sindicatos adheridos a la Confederación General del Trabajo debaten una veintena de ponencias sobre la reversión del proceso de privatizaciones sufrido por el sector público.

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebrará su VI Congreso Extraordinario en la ciudad de Pamplona durante los días 15 y 16 de abril. Bajo el lema de "Apostamos por lo público", las delegaciones de todos los sindicatos territoriales federados en la CGT acudirán a la capital navarra para debatir sobre un único punto: la remunicipalización o internalización de los servicios públicos, la recuperación de las empresas públicas privatizadas por los últimos gobiernos locales, autonómicos y estatales, y la defensa e incremento de los empleos en los sectores públicos en condiciones estables y dignas.



Como corresponde a la forma de decidir en el anarcosindicalismo, son las asambleas de los sindicatos las que debaten, toman acuerdos y eligen la representación que se envía al Congreso para trasladar y defender dichos acuerdos. Las veintidós propuestas presentadas por sindicatos, secciones sindicales o militantes en forma de ponencias han sido conocidas y valoradas durante las últimas semanas en los sindicatos de cada localidad. Desde el Secretariado Permanente de la CGT se confía en que, fruto de este proceso, la organización alcance unos acuerdos que sean útiles para la clase trabajadora de este país y para la ciudadanía en general.



Aunque la CGT siempre ha defendido la existencia de unos servicios públicos de calidad, universales y gestionados con la participación de usuarios y plantillas, el creciente proceso de privatizaciones que ha sufrido el país con los gobiernos del PP y el PSOE y el rechazo que tales privatizaciones tienen en la mayoría de la sociedad, junto a la grave amenaza que para el sector público representan el TTIP y más concretamente su versión para la gestión privada de los servicios (el TISA) que se negocian entre la UE y los EEUU, hacían necesario que nuestros sindicatos pusieran en común las distintas posibilidades y dificultades que plantean la reversión al sector público de las empresas privatizadas o externalizadas.

Hay que tener en cuenta que aunque se suele hablar más habitualmente de la propia administración, de la enseñanza y de la sanidad, no podemos olvidar que otros muchos servicios también se han visto afectados por las privatizaciones: aguas, transporte, guarderías, residencias para mayores, limpieza viaria, jardines municipales, polideportivos, etc. Como puede verse son miles y miles los puestos de trabajo que se ven afectados, y prácticamente toda la ciudadanía la que sufre el encarecimiento y el deterioro que representa convertir en negocio privado lo que nació como servicio público.

Otra necesidad que los 175 sindicatos adheridos a la Confederación General del Trabajo sienten es la de dar una respuesta unitaria y flexible al mismo tiempo a las diferentes situaciones que se dan en las empresas privatizadas, puesto que el sector nos podemos encontrar con personal subcontratado, interinos, funcionarios, laborales y temporales. La voluntad de CGT es que todo este personal se integre en las plantillas públicas de forma estable y sin sufrir merma o discriminación en salarios, derechos o condiciones laborales. Esta es una preocupación candente, visto el frenazo que han experimentado los proyectos de remunicipalización que habían anunciado los nuevos gobiernos locales de Madrid, Barcelona, Zaragoza y otras grandes ciudades.



La CGT considera que nuestro país no puede seguir por la vía de las privatizaciones, cuando vemos que otros países europeos (como Alemania o el Reino Unido) se plantean recuperar sectores que habían privatizado y ahora están mucho peor y son más costosos. En España tenemos el caso de León, donde se han vuelto a municipalizar la limpieza y la recogida de basuras y, además de mejorar el servicio, se ha reducido su costo en 8´75 millones de euros anuales

Una organización agraria exige la dimisión del Director General de Producciones y Mercados

Despertábamos ayer con la noticia de que una organización agraria exigía la dimisión de Fernado Miranda, anterior presidente del Fondo Español de Garantía Agraria y actual Director General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura por haber dicho poco mas o menos que en España sobran entorno a 5.000 explotaciones de vacuno de leche, algo mas de un 30% de las aproximadamente 16.000 que sobreviven, a duras penas, en la actualidad. Si hay un problema en un sector, éste desaparece si nos cargamos el sector, luego si eso ya…..

Nos vino la memoria aquello que repetía en nuestro organismo, en el FEGA, cada vez que las cosas no salían bien y/o se enfrentaba a un pequeño problema, en lugar de arreglar aquello que no iba bien, conservando sus activos, prefería prescindir de lo que podía suponerle un pequeño conflicto: “para que quiero conductores si …, me sobran seis ordenanzas, …”.Y trasladaron a los ordenanzas al ministerio y ahora hacen falta ordenanzas, y ahora añoramos a la compañera que junto a otras tareas se encargaba de la gestión del salón de actos, aunque todo tiene solución, porque en su lugar contrataremos a una empresa por unos 72.000 euros,  para que lleve a cabo parte de su trabajo, que contratará en precario a un trabajador o trabajadora, a la que le pagará un sueldo de miseria pero, ahora eso si, el trabajador o trabajadora encargada del servicio, deberá portar una indumentaria “correcta y apropiada”.

Sin embargo, el problema no son los Fernandos Mirandas, (aunque también), que mantienen sus puestos en gobiernos socialistas, populares y seguro que si hiciera falta también podemitas adaptándose a los tiempos con tal de mantener su sillón. El problema es a lo que nos aboca este sistema en el que nadan y guardan la ropa los Fernandos Mirandas, un sistema que detesta lo público, que persigue la destrucción de todo aquello que no puede controlar, en el que cualquier problema es la excusa perfecta para deshacernos de aquello que se tiene posibilidades de escapar a su control, para ello no se duda en desproteger un sector económico fundamental hasta que muera, o en deteriorar la prestación de los servicios públicos, hasta que la falta de medios humanos y materiales nos lleve a lo inevitable, que el servicio en lugar de ser prestado por empleados públicos, lo ejecuten empresas cuyo único fin es la percepción del beneficio económico.