La privatización -la externalización- de los Servicios Públicos (SSPP) por cualesquiera de las modalidades formales-jurídicas, tiene su sustentación política en la modificación del artículo 135 de la CE y posterior Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual embrida a todas las Administraciones del Estado (central, autonómica y municipal), impidiéndoles el endeudamiento y superación del déficit que Bruselas ha fijado para el Estado Español, además de
las políticas de congelación de convocatorias de plazas para cubrir los puestos necesarios en los SSPP, y la
pérdida de cientos de miles de empleos públicos por la vía del despido y la no renovación de contratos.
El capitalismo liberal, es la
desposesión de los servicios esenciales para la comunidad a través de su mercantilización y las privatizaciones de las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios -patrimonio de toda la sociedad-, para ser convertidos en negocio.
Dineros que han sido trasvasados al negocio privado, por el mecanismo de
reducción del gasto público, que se acerca a los 78.000 millones de euros en el Estado Español.
