1º de Mayo: Recuperemos Derechos y Libertades

La CGT llama este 1 de Mayo a todas las personas, organizaciones y colectivos sociales, a las personas migrantes, a las pensionistas, a las estudiantes, a las mujeres, a las desahuciadas de sus casas y de sus empleos, a las represaliadas por luchar, a la clase trabajadora en general, a Manifestarse desde la dignidad de clase para ejercer el derecho a la protesta que pretenden eliminar, a través de Sentencias condenatorias para quienes luchan y Sentencias del máximo tribunal español (el Tribunal Supremo), que legalizan el esquirolaje empresarial cuando las personas trabajadoras convocan Huelgas para defenderse de las agresiones empresariales.

Os esperamos el PRIMERO de MAYO en la plaza de Legazpi para hacer oír nuestras voces a partir de las 12h, y después en la plaza frente al Museo Reina Sofía, para Bailar juntas nuestra Revolución con PENADAS POR LA LEY, MATANDO GRATIS y PORRETAS.

Otro 1 de Mayo con la clase trabajadora atrapada en la espiral de desposesión de derechos y libertades a la que nos han conducido estos gobiernos vasallos de la Troika (U€, FMI y BCE) y sus aliados, con el pretexto de una crisis que no es más que una estafa social de grandes proporciones.

Mientras la corrupción política, judicial y empresarial campa a sus anchas, evidenciando con claridad el saqueo a las arcas públicas que han llevado a cabo, la falta de garantías judiciales para las personas más necesitadas y la connivencia delictiva entre poderes públicos que debieran ser independientes, la clase trabajadora se debate entre la desesperación de no poder desarrollar proyectos de vida dignos y la mayor precariedad de las condiciones laborales y sociales, donde la pobreza y la desigualdad se extiende en cada vez mayores capas de la sociedad.

Las cifras de personas desempleadas, sobre todo jóvenes y mujeres, siguen siendo inaceptables, la gran mayoría de los nuevos contratos son temporales, con salarios de miseria y condiciones laborales del siglo diecinueve y los ERE son la única salida que encuentra la reaccionaria clase empresarial que sufrimos en este estado.


Los “agentes sociales del régimen” tratando de salir de su “escondite” de años, con el único afán de volver a traicionar a la clase que dicen representar y firmar otro Pacto Social con el gobierno y la patronal que nos recorte aún más nuestros salarios y derechos. Además de volver a “retocar” el Pacto de Toledo, para recortar aún más las ya precarias Pensiones Públicas.


Las ilusorias aspiraciones sobre el llamado “asalto a las instituciones” no han sido más que un doloroso espejismo, quedando claro que la lucha en la calle, gobierne quien gobierne, es la única vía para conseguir recuperar los derechos y las libertades que nos han quitado, para llevar a cabo transformaciones sociales y para defender lo que es patrimonio de la colectividad, es decir “lo Público, lo Común”, los Servicios Públicos como derechos esenciales de todas las personas.


La CGT llama este 1 de Mayo a todas las personas, organizaciones y colectivos sociales, a las personas migrantes, a las pensionistas, a las estudiantes, a las mujeres, a las desahuciadas de sus casas y de sus empleos, a las represaliadas por luchar, a la clase trabajadora en general, a Manifestarse desde la dignidad de clase para ejercer el derecho a la protesta que pretenden eliminar, a través de Sentencias condenatorias para quienes luchan y Sentencias del máximo tribunal español (el Tribunal Supremo), que legalizan el esquirolaje empresarial cuando las personas trabajadoras convocan Huelgas para defenderse de las agresiones empresariales.


Exigiremos en este 1 de Mayo:

• La derogación de las dos últimas Reformas Laborales
• La derogación de las leyes Mordaza y la Amnistía Social para todas las personas encarceladas, encausadas, despedidas de sus empleos o multadas por luchar.
• La Renta Básica como garantía de supervivencia
• El No rotundo al pago de la Deuda ilegítima.
• Los Servicios Públicos como Derechos Esenciales de las personas
• Empleos estables con salarios y condiciones dignas.
• El 1 de Mayo la CGT estará en las calles, en confluencia con los movimientos sociales y colectivos en lucha o con sus propias energías y gentes, reivindicando un cambio de modelo social basado en el reparto de la riqueza, el apoyo mutuo, la igualdad y la autogestión.

28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

¿De qué salud laboral hablamos en estos tiempos laborales y sociales, precarios y de basura?

El modelo de relaciones laborales del estado español, está enfermo de neoliberalismo y ausente de derechos fundamentales. Desde el gran pacto social del 77 (Pactos de la Moncloa), hemos asistido a la voladura de unas relaciones laborales e industriales, basadas en un equilibrio entre el capital y el trabajo, hasta situar el modelo social (toda relación salarial es una relación social), como un modelo precario, inseguro y de imposible proyecto de futuro para una vida digna de la mayoría social, las personas asalariadas.

La reforma del PSOE en el 84/85, se cargo el contrato estable y fijo, como el único contrato ordinario en el derecho laboral. Se crearon hasta 14 modalidades de contratos temporales y se terminó con la relación estable entre la persona asalariada y su empleo.

La reforma del PSOE en el 94, liberaliza las condiciones de trabajo en jornada, horario, sistemas retributivos, turno, etc. y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), dotándoles a los empresarios de toda autoridad para modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo. La Administración (el estado) es una mera espectadora en los ERE y se introduce la flexibilidad como norma de organización del trabajo.



Las distintas reformas a partir de los 90, liberalizan hasta tal punto los mercados laborales que los sistemas de organización del trabajo pasan a tener un eje sobre el cual gira todo el modelo: la descentralización productiva, los sistemas de trabajo donde las contratas y subcontratas, apalancan el modelo precario, inseguro y vulnerable del mismo y la libertad absoluta del capital, pasa a constituir el único principio de la vida.

La liberalización de los mercados de bienes y servicios, de la energía, de las telecomunicaciones, de los transportes, las finanzas, así como la desregulación laboral y el desmantelamiento y entrega al mercado privado de los denominados servicios públicos, recorre toda la época de finales del siglo XX y los 17 años que llevamos del siglo XXI, siendo la UE quien determina y fija las reglas de las políticas económicas, fiscales y sociales.

El 2011 para el Estado español, marca un punto de inflexión, al originarse un golpe de muerte al estado social y de derecho, con la Reforma del artc.135., que pulveriza las bases de la sociabilidad, descohesionando la misma, empobreciéndola y precarizándola, y aumentando exponencialmente la desigualdad social. Se ha instaurado un régimen de injusticia social.

Los cambios legislativos, las reformas laborales, representan la legalidad aplicada con mano de hierro sobre las clases asalariadas y la flexibilidad ha inspirado toda la legislación laboral desde hace ya más de 33 años.

Nos encontramos con un marco de relaciones laborales enfermo de neoliberalismo: inseguro para las personas trabajadoras, a la vez que ha disuelto el carácter colectivo del conflicto, individualizando las relaciones laborales y tratando de sustraer la naturaleza social y colectiva de las relaciones salariales.

Se ha alcanzado la homogenización a la baja de las condiciones de trabajo, en torno al criterio de flexibilidad y se ha posibilitado la restructuración salvaje que el empresariado ha llevado y está llevando a “termino” en todos los sectores de actividad, sin límites institucionales y sin resistencia sindical.

La vulnerabilidad, la inseguridad, se expresan como la fractura entre presente y futuro,  también como fractura entre individuo y colectividad. Se expresa en una disminución en la capacidad de emancipación de las personas trabajadoras, especialmente jóvenes y mujeres, y de la cada vez más escasa cobertura institucional, lo que conlleva un empeoramiento integral de la salud no solo en la cadena del trabajo, sino en la propia vida de las personas.

Un modelo enfermo que ha sido capaz, por medios autoritarios y disciplinarios: leyes, organización del trabajo, sentencias, de trasladar todos los riesgos a las personas trabajadoras y que a la vez, cuando esa persona se da de baja por tener deteriorada su salud por el hecho de trabajar, puede ser despedida sin más.

Ante un modelo enfermo de neoliberalismo, solamente el empoderamiento de las personas trabajadoras, puede generar una buena salud laboral y social.

BOLETIN 1/2017 DE CGT EN EL MAPAMA

Boletín nº 1/2017 de información Sindical de la CGT en el MAPAMA:

1º DE MAYO

Recuperemos Derechos y Libertades

Comisiones de servicio : ¿será porque les caes bien?

El art 78.1 del EBEP señala los principios en que se han  de basar las Administraciones Públicas para la provisión de los puestos de trabajo, que son los mismos que para el acceso al empleo público, es decir, igualdad, mérito, capacidad y publicidad y el concurso de méritos es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo, mientras que las comisiones de servicio se contemplan únicamente para cubrir un puesto de trabajo que haya quedado vacante y cuya provisión sea de urgente e inaplazable necesidad, y hasta aquí la teoría.

En la práctica, las comisiones de servicio, vienen siendo desde hace mas tiempo del que podemos recordar, el sistema normal de provisión de puestos de trabajo, sistema por el cual, los funcionarios/as responsables de las distintas unidades cubren las vacantes de puestos de trabajo, sin publicidad y sin atender a criterios contrastados de igualdad, mérito y capacidad, eligen de entre sus conocidos, aquellas personas que entienden pueden desempeñar el puesto de trabajo que ofrecen, para después de un tiempo, sobre seguro, sacar la plaza a concurso, para que acreditando los méritos suficientes por el desempeño del puesto de trabajo, adquieran la plaza mediante concurso.

El sistema se pervierte, por el propio sistema y lo  que debería ser lo excepcional se convierte en lo normal. De este modo la movilidad y por ende la carrera profesional de los funcionarios y funcionarias se ve supeditada, en el mejor de los casos a la suerte o a los contactos con los que contaba quien quería cambiar de puesto de trabajo y en otros al grado de relación o amistad que tenía con los o las responsables de la unidad, quedando en los concursos de traslados una mínima parte de las plazas ofertadas “sin bicho”.

En los últimos tiempos hemos visto como el sistema ha dado una vuelta de tuerca mas hacia la arbitrariedad, y es que  si antes necesitabas conocer a alguien, “a quien cayeras bien” que te diera una plaza en comisión de servicios, … con lo que solía bastar. Ahora además tienes que “caer bien” en el sitio donde tienes tu puesto de trabajo, dado que si no te dan su consentimiento, no podrás moverte.

De este modo mientras vemos como los altos cargos de la Administración van y vienen con profusión y gozan de movilidad, la del resto del funcionariado se encuentra supeditada a que “caigamos bien”, de donde salimos y a donde vamos. Arbitrariedad que se ha puesto de manifiesto últimamente en la Dirección General del Agua, donde una compañera con una verdadera necesidad de conciliación de su vida familiar, solicitó una plaza en comisión de servicio en su lugar de residencia, que le fue concedida, pero se topó con la arbitrariedad de una mujer, de la Directora General del Agua y la de los responsables de RRHH del MAPAMA, quienes pese a haber candidatos para cubrir la plaza que se quedaría vacante, no han concedido permiso para que la compañera pudiera conciliar mejor su vida laboral con la familiar.

 ¿SERÁ PORQUE NO LES CAE BIEN?

Yo concilio, tú concilias…. ¿nosotras conciliamos?

La conciliación no existe. Se reduce a escoger entre familia o trabajo. Si haces una cosa, la otra la dejas de hacer. Desde un punto de vista dialectico pudiera parecer una obviedad, pero desde el punto de vista una niña o un niño, la obviedad se desvanece. También pudiera parecer una obviedad que la administración es el sitio ideal para conciliar, pero eso no siempre sucede. Nuestra administración pública es jerárquica y directiva. Es una administración administrada por hombres o por mujeres que han asumido una masculinización de su puesto, que actúan con los mismos parámetros que ellos. Ni un ápice de eso que las buenas feministas llaman cuidados. Decía Amaia Pérez Orozco que es necesaria una subversión feminista de la economía. Y no puedo estar más de acuerdo. Pero añado: subversión feminista de la vida. Incluidas las administraciones públicas.

Vayamos a lo concreto. Mujer, funcionaria, dos hijos menores de 5 años, reducción de jornada laboral importante. Su lugar de trabajo está a más de una hora de su casa. (cuestión esta última que antes de ser madre le importaba relativamente poco, ya que el tren es un estupendo lugar para leer o incluso escuchar buena música en directo). Saca una plaza por comisión de servicio en el ayuntamiento de su ciudad (una comisión de servicio sin bicho, lo nunca visto). Y… a cruzar los dedos para que desde su lugar de trabajo se la firmen. Poco importan las razones que nacen desde el sentido común de estar cerca de sus criaturas, de ir a trabajar sin tener que formar parte de lxs que emiten CO2 (de practicar aquello de la inmovilidad sostenible, porque lo otro es puro cuento), de poder recuperar una jornada laboral más sensata. Poco interesa que lo importe sea creerse que el trabajo que hacemos sirve para mejorar la vida de lxs administradxs, dando igual la administración en la que estés.

La administración pública es un lugar cruzado por relaciones de desigualdad en la que la normatividad heteropratiarcal impregna cada uno de sus rincones. La administración pública no va a cambiar por el hecho de que muchas mujeres aprueben oposiciones. El cambio sólo vendrá por un cambio en los engranajes del sistema que pongan en primera línea un hacer feminista.  Porque el cambio será feminista o no será.

Sigue la Estafa por sexto año consecutivo

“Presupuestos Generales del Estado (PGE), empleo público, servicios públicos, gasto social, ingresos…”
SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT: http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/sigue-la-estafa-por-sexto-ano-consecutivo

Las cifras económicas presentadas en el cuadro macro de los PGE por parte del gobierno y sus compinches, cuadran perfectamente la cuenta de la “estafa” que abrieron a partir del 2011, cuando reformaron el artículo 135 de la Constitución.

Cada año, se ingrese lo que se ingrese, los banqueros y el capital financiero tienen garantizados dineros suficientes para sus rentabilidades ilegítimas, pero el gasto social (pensiones, desempleo, dependencia, subsidios, becas…), gastos de personal de las Administraciones Públicas y las inversiones, ya se ven disminuidas en la cuantía “conveniente” para cuadrar un déficit “público” fijado por Bruselas, que le permite no contabilizar como las denominadas “ayudas al sector financiero”, es decir, el robo y desposesión de miles y miles de millones del gasto social para convertir en estructural la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Estas cuentas (PGE 2017), se basan en el techo de gasto aprobado en el ejercicio 2016 por casi todo el elenco parlamentario (PP, PSOE, C´s, Coalición Canaria y PNV), lo que significa que el recorte ya estaba incorporado, lo cual supuso una no disponibilidad de crédito de 10.400 Millones de €, es decir, un menor gasto en Protección Social, Inversiones y Desarrollo.

Bruselas y la Troika fijan las políticas fiscales y presupuestarias de todos y cada uno de los 28 estados miembros de la U€ y exigen recortes y austeridad, para cuadrar un “déficit público”, donde la deuda que tienen los estados no es “pública”, sino que les pertenece a sus auténticos deudores, el sector financiero y bancario.

Estos recortes y esta austeridad impuesta autoritariamente, significa para el Estado español, que las personas pensionistas (más de 8,5 millones), sean quienes financien una parte importante de los ingresos que se “redistribuyen” al sector financiero y a las grandes Empresas y Corporaciones, por la vía de subirles las pensiones un 0,25%, cuando la inflación  se situará en el 2% o más a fin de año.

Las personas trabajadoras de las Administraciones Públicas, también financiarán los beneficios de banqueros y grandes Corporaciones Empresariales por dos vías: una, perdiendo poder adquisitivo al subirles los salarios solamente un 1% respecto de una inflación entre el 2%/3% y, en consecuencia, menor gasto, y la otra, no invirtiendo en empleo público.

El empleo público, ese gran “pacto social” anunciado por las burocracias sindicales del régimen y el gobierno, donde se dice que se convocarán 250.000 plazas en tres años, no es empleo nuevo y, mucho menos, el necesario para garantizar unos Servicios y Administraciones Públicas eficientes y de calidad, sino que el “Estado español” no tiene sino que cumplir con la Jurisprudencia Europea y convertir esos 250.000 trabajadores y trabajadoras, actuales interinos, en fijos, pues sus puestos de trabajo son estructurales. Nada aparece acerca de los más de 150.000 puestos de trabajo suprimidos en educación, sanidad, dependencia, cultura, investigación… desde el 2008, consolidando un modelo público precario, insuficiente y no universal.

Las personas dependientes (más de 340.000 sin prestación), las personas desempleadas, con una cobertura actual de las prestaciones y subsidios de desempleo de menos del 50% (2,3 millones no perciben nada de los 4,4 millones de personas paradas, según la EPA), las personas jóvenes estudiantes (becas), los subsidios disminuidos para el colectivo de excluidos y excluidas, que agranda la “miseria e indignidad del sistema político y su estado de desecho”, la ausencia de presupuesto necesario para la violencia de género, la no dotación de fondos comprometidos para el acogimiento de las personas refugiadas…, financiarán a banqueros, financieros y Grandes Corporaciones sus ilegítimos beneficios.

La estafa se consolida y esta vez lo hacen con todo “el descaro y sinvergüencería” de llamar a estos Presupuestos los “del crecimiento económico… ya hemos salido de la indigencia”.

Razón no les falta, si vemos las cifras macro económicas, pues los ricos y grandes grupos financieros y empresariales, no solo no tienen subidas de impuestos, sino que consolidan un Impuesto de Sociedades y un impuesto como las SICAV, que les garantiza miles y miles de millones a sus cuentas de resultados particulares, en vez de aportar al gasto público general, conforme al principio de contributividad (cada renta aporta en función de sus ingresos). De esta manera seguiremos nutriendo los ingresos en base al IRPF y el IVA, convirtiendo a la mayoría social en “paganini” de la bacanal de una minoría de burgueses, empresarios, banqueros y burocracias políticas y ejecutivas.