jueves, 30 de abril de 2020

1º DE MAYO CONTRA LAS DESIGUALDADES SOCIALES

1º DE MAYO AHORA MAS QUE NUNCA CONTRA LAS DESIGUALDADES SOCIALES

El 1º de Mayo, día Internacional de la Clase Trabajadora, ha pasado por muchas vicisitudes desde que, aquel lejano 1886, los mártires de Chicago salieran a la calle siendo masacrados por la policía, para reivindicar un derecho que hoy vemos como irrenunciable, la defensa de la jornada laboral de 8 horas.

Este año no podremos salir a las calles con nuestras reivindicaciones a causa del Estado de Alarma, pero ello no debe ser impedimento para que nuestras ideas y nuestros anhelos lleguen a la ciudadanía.

 Este 1º de Mayo es necesario gritar alto y claro el fracaso del capitalismo y de las medidas neoliberales aplicadas por los sucesivos gobiernos, la crisis del COV19 lo ha puesto de manifiesto de manera incontestable.

Nuestro compromiso con unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, así como recuperar las empresas y medios de producción regalados a manos privadas, debe animar nuestro compromiso y nuestras reivindicaciones. Por supuesto también, la lucha contra el cambio climático y la lucha por la Igualdad entre mujeres y hombres y contra las violencias machistas.

 La defensa firme de la Sanidad pública, la Educación pública, el derecho a la Movilidad, al Transporte público, las actuaciones para la atención a las personas Dependientes, la derogación de todas las Reformas laborales, el derecho a los Cuidados, la necesidad de conseguir una Renta Básica de las Iguales (REBis), garantizando las necesidades vitales de la población, para que el empleo no sea una condena sino una opción, la Cohesión Territorial, para dar soluciones reales a la llamada “España vaciada”, las personas Migrantes, quienes mueren en el intento y quienes son “muertos y muertas en vida” por la sobreexplotación y su invisibilidad como “ciudadanas”, a las personas Jóvenes sin futuro, la necesidad de combatir la represión que el estado ejerce a través de sus Leyes Mordaza, unas Pensiones públicas dignas y suficientes, etc…, son retos a conseguir por todas y para todas.

 Es incuestionable que la lucha en la calle es la única herramienta de la que verdaderamente disponemos a la hora de enfrentarnos a las graves injusticias que venimos sufriendo, debemos revitalizar la lucha en la calle, ahora que suenan nuevamente trompetas que auguran una gran recesión. No podemos permitirnos el lujo de que los excesos incontrolables del capital vuelvan a recaer sobre los hombros de la clase trabajadora. Por eso ahora más que nunca:

  VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA – VIVA EL 1º DE MAYO





Concierto organizado para el  1º de Mayo que comenzará a partir de las 12:00 en la televisión de la CGT: Rojo y Negro Tv



Contaremos con la actuación, desde sus casas, de los siguientes artistas:

Fernando – Reincidentes
Akulu
Puro Chile
Judit Mateo y Chuse Joven
Josu – Parabelum
Yo No Las Conozco
Javi Chispes – Maniatica
Penadas Por La Ley
Bode – Porretas
Txus – Disidencia
Gerardo – Vantroi
Alberto – Boikot y Raquel – Yo No Las Conozco
Paco Pascual – Monologo



miércoles, 15 de abril de 2020

#COVID19 Pandemia, servicios de emergencia y militares

Un articulo de Arainfo. https://arainfo.org/pandemia-servicios-de-emergencia-y-militares/


Estamos viviendo una pandemia inimaginable en el primer mundo, asistiendo a situaciones que si nos las hubieran contado hace unos meses, no hubiéramos dado crédito a que sucedieran en nuestro país.



 La aprobación del estado de alarma, la prohibición de la libre circulación de las personas o la parada de las actividades no esenciales, son medidas que bien podían ser tomadas en un periodo de guerra, pero ha sido una crisis sanitaria la que nos ha hecho replantearnos el supuesto estado del bienestar que vivíamos en el primer mundo. No queda lejos la crisis financiera de 2008, y esta crisis sanitaria dará paso a otra crisis económica, dejando por el camino a un buen número de trabajadores con la consiguiente pérdida de derechos y libertades. Es previsible que Una de las cuestiones de las que estamos siendo espectadores es la constante militarización de la vida pública, lo que, en un país como España, donde todavía se recuerda la sanguinaria dictadura militar del general Franco, resulta cuando menos chocante. Pero si analizamos detenidamente esta situación, nos deberíamos preguntar: ¿es necesaria la militarización de la crisis? ¿No tiene nuestro país capacidad para afrontar la emergencia desde la sociedad civil? ¿O se busca otro fin en la estrategia militar?

Si pensamos un momento en cuál es el fin del ejército todo el mundo pensara enseguida en la guerra y en la protección de nuestras fronteras ante invasiones extranjeras. Cuando vemos militares desplegado en territorio nacional, marchando por las calles de Pamplona o Barcelona sin un fin concreto, en una exaltación sin sentido de su propia existencia, se nos viene a la cabeza otros países con supuestas democracias menos asentadas, donde la resolución de los problemas políticos se plantea por la vía militar en vez la vía del dialogo. Pero desde hace unos años, estamos acostumbrados a ver y oír constantemente en los medios de comunicación la cara más amable de las Fuerzas Armadas. La Unidad Militar de Emergencias (UME), que cada vez que hay un gran incendio forestal o una inundación acapara los medios de comunicación, y que durante estos días, se ha hecho muy presente en muchas facetas de la lucha con el Covid-19.

Pero para hablar de la UME hay que contextualizar la historia de su creación, y remontarnos a los años 90, cuando el Ministerio de Medio Ambiente crea por el territorio nacional las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), a través de su empresa pública Tragsa, fijándose en el cuerpo de elite norteamericano de los “smoke jumpers”. Unas brigadas helitransportadas de personal especializado para la lucha contra los incendios forestales, que esos años, estaban asolando España y que en ese momento los medios que había, resultaban totalmente insuficientes para hacerles frente. Durante aquellos años se crearon nueve bases BRIF que empleaban a casi 500 trabajadores que fueron el germen de una nueva profesión, los bomberos forestales, que, con ayuda de helicópteros de gran capacidad, MI8 rusos primero y PUMAS europeos después, acudían a cualquier punto de la geografía española a apoyar al personal propio de las Comunidades Autónomas a extinguir los grandes incendios forestales.

El nivel de calidad y especialización continuó, pese a que el trabajo de las BRIFs solo se desarrollaba durante la temporada de incendios veraniegos. Sus trabajadores comenzaron a unirse y luchar, para trasformar ese trabajo de verano en una profesión digna para toda la vida. En agosto de 2005, se da la primera movilización del personal de la BRIF protestando por la situación precaria del servicio y solicitando la ampliación de la campaña y sus competencias. Un año antes se habían sufrido unas nevadas que dejaron a gran parte del país bloqueado y el 17 de julio de 2005 se produjo el famoso incendio de Guadalajara, donde murieron 11 trabajadores del operativo de extinción.

En 2005 gobernaba el PSOE, con Zapatero como presidente, y a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente se situaba Cristina Narbona, con quien en septiembre de ese año, la asociación que representaba a los trabajadores de las BRIFs del estado, ATBRIF, tuvo la primera reunión con la ministra, donde le trasladaron una propuesta para ampliar el trabajo de las BRIFs a contingencias y emergencias en el medio natural, como nevadas, inundaciones o grandes catástrofes, además de los incendios forestales.

Sin una respuesta clara por parte del ministerio, el 7 de octubre de 2005 el gobierno de España aprueba la creación de la UME en consejo de ministros y de la propuesta de las BRIFs nada se volvió a saber. Con un coste total de 1600 millones de euros, la UME está compuesta por siete bases, Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza, San Andrés del Rabanedo (León), Gando (Las Palmas) y Los Rodeos (Tenerife), y más de 3500 miembros. Su dotación de material es amplia y diversa, contando con cerca de 1.000 vehículos, no sólo terrestres, sino también aviones, helicópteros y embarcaciones ligeras. El resultado final es contrario a lo que la gente opina respecto al aprovechamiento para la sociedad del gasto militar, suponiendo un incremento al desmesurado gasto de defensa, ya que de 2006 y 2008 el presupuesto en defensa aumento más de un 20%.

El gobierno socialista quiso copiar el modelo francés, creado por el general De Gaulle tras la segunda guerra mundial, obviando que el modelo de EEUU, Australia, Canadá, Japón y el resto de Europa para la Protección Civil es el de personal profesional y civil, recibiendo críticas tanto desde fuera como desde dentro del ejército, pero la intención de blanquear un ejército que no tenía gran aceptación en nuestro país y la posibilidad de controlar un cuerpo de tantos trabajadores sin prácticamente derechos laborales, hizo decantarse por este modelo.

El resultado nada tiene que ver con el modelo francés, ya que Francia, con 65 millones de habitantes, tiene unos 52.000 bomberos civiles y bomberos militares 1500, con lo que la ratio bombero civil/bombero militar es de 34,66/1, pero España, con 46 millones de habitantes, tiene 20.222 bomberos, y la UME tiene 3.560, su ratio es de 5,68/1; es decir, que la desproporción es abismal.

Podríamos pensar que con tal inversión en la UME su capacidad de trabajo es inmensa y realizan gran cantidad de intervenciones, pero esa idea choca con la realidad de las cifras. El pasado año, los 1.300 bomberos de la Comunidad de Madrid realizaron un total de 27.500 salidas. Los 607 de Barcelona, casi 21.000. Los 186 de Bilbao, alrededor de 2.500 y los 35 de Uesca 1484. Un soldado de la UME tuvo una media de intervención de 0,017; mientras que la de los bomberos de Comunidad de Madrid se eleva a 21,1; 34,5 en Barcelona, 13,4 en Bilbao y los de Uesca 42,4. Sin embargo, en los últimos 10 años los bomberos civiles han pedido 3000 puestos en todo el estado, pasando de 22.800 en 2010 a 19.800 funcionarios bomberos en la actualidad, por lo que no paramos de preguntarnos por las mejoras que podrían darse en los mermados servicios de bomberos civiles y forestales con el presupuesto de la UME.

Además, la imagen de la UME es omnipresente e inmaculada en las emergencias, incluida la crisis que estamos sufriendo. Pero cuando rascas un poco y hablas con el resto de personal que trabaja junto a ellos, bomberos civiles y bomberos forestales, descubres que la UME se caracteriza por la gran cantidad de medios que moviliza, pero la poca efectividad en el trabajo, sin iniciativa de sus miembros, jerarquía militar que impide ayudar a otros cuerpos que actúan junto a ellos y con una lenta capacidad de respuesta, cuestiones muy importantes cuando estamos hablando de emergencias. Todo ello es posible por el magnífico trabajo de márquetin que realiza el ejército, gracias a que la UME siempre mueve a su “batallón” de responsables en relaciones públicas y prensa, que consiguen capitalizar y protagonizar toda la información, cuando la mayoría de las veces, son bomberos civiles y forestales los que terminan realizando el grueso de las labores y con muchos menos medios.

Lo que la gente no sabe de los despliegues de la UME, es que no son gratuitos. Cuando solicitan su activación en un incendio forestal, una riada o una gran nevada, a la comunidad autónoma se le detrae de los presupuestos del año siguiente la “factura” que pasa el ejército por sus servicios. De esta manera, los ciudadanos pagan dos veces por el mismo servicio. En 2012, el incendio de Castanesa, en el pirineo aragonés, el despliegue de la UME rondo los 2 millones de euros, es de suponer que, en la actual crisis sanitaria, el ejército no pasará ningún tipo de cobro a las administraciones que requieren sus servicios, pero está cuestión está por ver.

Con toda la información expuesta, ¿se podría decir que España tiene capacidad para afrontar la crisis del COVID 19 sin necesidad de que el ejército asuma tanto protagonismo? Ya hemos explicado la capacidad que tiene el gobierno a través de los bomberos forestales de las BRIFs con un mando único dependiente del gobierno central, además de que cada comunidad autónoma tiene sus cuerpos de bomberos civiles que han pasado a depender del ministerio del interior haciendo trabajos diversos, como desinfecciones, retirada de cadáveres, además de continuar atendiendo las emergencias de su competencia. También disponen de los cuerpos de bomberos forestales autonómicos, que, en Aragón, dependen de la empresa pública Sarga, a lo que debemos sumar los servicios diversos de las administraciones locales, como los de limpieza.

Los sindicatos de Sarga, como CGT, llevan pidiendo desde el comienzo de la crisis que se les movilice para tareas de desinfección, ya que su personal está repartido por todo el territorio aragonés y tienen medios para ello. Podrían estar trabajando en tareas de desinfección más de 400 trabajadores con 37 camiones autobomba, pero la realidad es que, cuatro semanas después de declararse el estado de alarma, el gobierno de Aragón ha movilizado a una docena de bomberos forestales con una autobomba, demostrando una incompetencia manifiesta o una obediencia ciega a las órdenes interesadas desde Madrid. Para que podamos comparar, el año pasado la UME intervino en 32 incendios forestales en todo el territorio nacional y los bomberos forestales de Sarga tuvieron 367 incendios solo en Aragón, aunque el número de portadas que lleno la UME es inversamente proporcional a las que llenaron los bomberos forestales.

También hemos visto al ejército en los controles policiales desplegados con sus armas de combate, suponiendo un hecho grave y totalmente injustificado. La suma de policía nacional, guardia civil, policías autonómicas y policías locales es de 238.000 policías a las órdenes del ministerio de interior, y dado que la población está acatando masivamente las órdenes de restricción de movimiento con pequeñísimas excepciones, la cifra parece suficiente para un periodo confinamiento. Además, el ejército no está preparado para realizar tareas policiales en el país de origen, ya que carece de armamento adecuado para el trato con la población civil ni conoce la legislación aplicable, al contrario que las diferentes policías. Desplegarse en Zaragoza o Madrid no es desplegarse en Kabul o Trípoli, con lo que tenemos que preguntarnos ¿Cuál es la razón para desplegar militares para labores policiales?

En esta situación, los responsables políticos pueden tener la debilidad de caer en tácticas autoritarias, y pensar que para reforzar el cumplimiento de las nuevas normas que recortan los derecho y libertades, es mejor visualizar la fuerza armada en nuestras calles, cometiendo el error de tratar a nuestra sociedad como poco responsable ante la crisis que vivimos y sembrando un mal precedente para el futuro.

No es de extrañar que la ciudadanía se sorprenda cuando asiste a ruedas de prensa gubernamentales con gran presencia militar, para tener que escuchar en boca del JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, que “en esta guerra todos somos soldados”. Pero no debería sorprendernos esta actitud por parte de las Fuerzas Armadas porque es para lo que están preparados, la guerra. Lo que deberíamos pedir es que el ejército no tuvieran el peso que el gobierno les ha otorgado en esta crisis, ya que como hemos ido desgranando en este artículo, el estado tiene capacidad suficiente para abordarla desde una visión totalmente civil, lo que tampoco descarta la utilización de medios militares para cuestiones puntuales, pero dando la importancia y el protagonismo a quien realmente lo tienen, los sanitarios, los bomberos o la multitud de servicios públicos, que sin llenar portadas, trabajan diariamente para salir de esta crisis lo antes posible. Con lo que todos deberíamos decir: “en esta crisis todos somos civiles”.

domingo, 12 de abril de 2020

Nuestra Salud vale más que sus ganancias

Nuestra Salud vale más que sus ganancias

La CGT, nuevamente se ha dirigido por carta al gobierno, concretamente a los Ministros de Sanidad, Transportes y a la Ministra de Trabajo, para expresarle nuestro rechazo por la decisión que han tomado de reanudar las actividades productivas NO ESENCIALES, advirtiéndoles del riesgo que esto supone para los trabajadores y trabajadoras de esas empresas y para toda la población, pues lo lógico es que provocará un nuevo repunte de la Pandemia en nuestro país, dado que no hay material de protección suficiente para todas y todos, ni en sus empresas, ni en el transporte necesario para acudir a ellas y para volver a sus casas.

Esta decisión supone una concesión inaceptable a la Patronal en general y una irresponsabilidad temeraria por parte de los poderes públicos, cuyas consecuencias volverán a recaer fundamentalmente sobre la clase trabajadora, que ya cuenta por muchos miles su número de personas muertas.

Entre otras cuestiones, le hemos exigido al Gobierno que todos los contagios relativos al COVID-19 sufridos por trabajadoras y trabajadores, con independencia de su sector productivo, han de ser considerados a todos los efectos como accidente de trabajo, tanto durante la prestación del servicio en las instalaciones de la empresa como en el transporte, en los mismos términos que los accidentes “in itinere”.

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo deben ser mucho más inmediatas, rigurosas y efectivas ante cualquier denuncia que se presente, ya que de otro modo la Clase Trabajadora continuará en una situación de verdadera indefensión ante este virus.

El regreso a la actividad laboral debería ser gradual y razonable. Entendemos que aún no estamos en situación de retomar la actividad como antes del 29 de marzo ya que, en la mayoría de los casos, no puede garantizarse por parte de las empresas la seguridad y la salud de las trabajadoras y trabajadores.

El propio Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) entiende que deben asegurarse sistemas de pruebas suficientes, que permitan evaluar las consecuencias epidemiológicas antes de suavizar las medidas de distanciamiento comunitario y físico. Es por tanto imprescindible que por parte de las Administraciones se garantice la realización de los correspondientes test a todas las personas que deben acudir a trabajar o ya lo están haciendo. En cuanto al mal llamado “permiso retribuido recuperable”, además de que es una chapuza discriminatoria, entendemos que va a suponer un sacrificio inasumible por parte de las personas afectadas, que además de sufrir las consecuencias del confinamiento actual, verán después cómo se prolongan sus jornadas de trabajo, con los posibles efectos, para la salud y para la conciliación de su vida laboral y familiar.

Ya es hora de que los sacrificios no solo se exijan a la Clase Trabajadora, que ya está sufriendo con virulencia las consecuencias económicas de esta crisis y que, en un futuro próximo aún sufrirá más, ya que lo recaudado por impuestos directos, en el caso de las rentas del trabajo, es muy superior al impuesto de sociedades.

La CGT seguiremos defendiendo, con todas nuestras fuerzas, instrumentos y energía, el derecho a la protección de la Salud de las trabajadoras y trabajadores, y también de sus condiciones de vida,ante la falta de escrúpulos de la Patronal y la sumisión de los poderes públicos a sus intereses económicos, pues nuestra salud vale mucho más que sus ganancias.

  ¡Ya basta de agredir a nuestra Clase!

viernes, 10 de abril de 2020

DEMASIADO TARDE, DEMASIADAS PÉRDIDAS.

htps://www.cgtstap.es/paroactividad/

Tu salud es lo primero


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El pasado 29 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 y como el resto de la CGT, acogemos con satisfacción la paralización de actividades no esenciales, aunque entendemos que esta medida, que CGT lleva exigiendo desde el 16 de marzo por entender que se estaba poniendo en riesgo la vida de muchas personas trabajadoras innecesariamente, lamentablemente llega demasiado tarde. Son innecesarias y dolorosamente demasiadas, las pérdidas humanas que se han alcanzado en pocas semanas en nuestro país con el avance de la propagación del Covid-19.


El retraso a la hora de tomar una decisión como esta ha causado un aumento tanto de los contagios como de las muertes por “coronavirus” en nuestro país. Esta situación, no ha contribuido más que al aumento del sufrimiento de la clase trabajadora, ya que muchas personas han estado exponiéndose a la enfermedad y arriesgando la salud de sus familias, por no hablar de quienes temiendo más al paro han decido arriesgarse al contagio.



Nos enfrentamos ahora a medidas que es necesario afrontar, pero se está dejando caer el mayor peso de la crisis generada por el Covid-19 sobre las personas más vulnerables. En este sentido, alguna  personas trabajadoras han visto reducida su jornada laboral y su salario por tener personas a su cargo, otras han tenido que aceptar sin remedio un ERTE e irse a casa con el 70% de su salario y ahora, otras van a tener que recuperar los días que estén sin trabajar recluidas en sus domicilios, ante la nueva decisión del Gobierno de paralizar todas las actividades productivas no esenciales.


Insistimos en que la clase trabajadora no puede volver a pagar una nueva crisis después de años de duros sacrificios frente a una clase empresarial que vuelve a ser la beneficiada de todas estas medidas de un Ejecutivo que lleva dos semanas asegurando en cada rueda de prensa que no dejará atrás a ninguna persona en esta crisis.

En CGT entendemos que ante todo debe garantizarse la salud de las personas trabajadoras y no solo ahora, en plena alerta sanitaria por “coronavirus”, sino también en el futuro, por ello será importante que las personas que se acojan al “permiso retribuido recuperable” dispuesto por el Gobierno desde el 30 de marzo al 9 de abril, cuenten con sus tiempos necesarios de descansos, que la vacaciones cumplan con lo estipulado en el Convenio 132 de la OIT y que la flexibilidad laboral no pueda imponerse a costa de estos derechos, así como la garantía de conciliación de la vida laboral con la personal.

Creemos que es el momento de fomentar la solidaridad, sobre todo con aquellas personas desprotegidas, exigiendo nuevamente que quienes se hayan visto afectados y afectas por un ERTE perciban el 100% de su retribución, igual que la garantía de una Renta Básica de las Iguales (REBis), que en principio se destine para los colectivos que están fuera de las medidas pensadas por el Ejecutivo español y para las personas más desfavorecidas y una vez que pase la crisis del Covid-19, será el momento para negociar las condiciones para que ninguna persona se quede por el camino.


Con respecto a los despidos pedimos al Gobierno que se consideren como nulos todos los despidos producidos en estos días y con anterioridad al 28 de marzo, garantizándose la garantía del empleo establecida contra las empresas que no la asuman.


Volvemos a poner en valor la importancia de un servicio sanitario público y de calidad, algo que se está evidenciando en estos duros días de lucha contra el “coronavirus”, sin dejar de mencionar a otras profesionales como la gente de los servicios de limpieza y mantenimiento de nuestros hospitales, la que cuida de nuestras personas mayores y la que limpia nuestros pueblos y ciudades, así como a los profesionales de los transportes públicos y a quienes hacen posible con su trabajo que la pesca, la ganadería y la agricultura sustenten el sistema durante estas semanas. Insistimos que son estas personas, invisibles en la mayoría de los casos, quienes tienen los peores contratos y las peores condiciones laborales, las que más necesarias están resultando serEsperamos que jamás se olvide su labor tras esta crisis y exigimos equipos y medidas de protección para que puedan continuar realizando su labor sin riesgos para sus vidas y las de sus familiares.