Estamos viviendo una pandemia inimaginable en el primer mundo, asistiendo a situaciones que si nos las hubieran contado hace unos meses, no hubiéramos dado crédito a que sucedieran en nuestro país.
La aprobación del estado de alarma, la prohibición de la libre circulación de las personas o la parada de las actividades no esenciales, son medidas que bien podían ser tomadas en un periodo de guerra, pero ha sido una crisis sanitaria la que nos ha hecho replantearnos el supuesto estado del bienestar que vivíamos en el primer mundo. No queda lejos la crisis financiera de 2008, y esta crisis sanitaria dará paso a otra crisis económica, dejando por el camino a un buen número de trabajadores con la consiguiente pérdida de derechos y libertades. Es previsible que Una de las cuestiones de las que estamos siendo espectadores es la constante militarización de la vida pública, lo que, en un país como España, donde todavía se recuerda la sanguinaria dictadura militar del general Franco, resulta cuando menos chocante. Pero si analizamos detenidamente esta situación, nos deberíamos preguntar: ¿es necesaria la militarización de la crisis? ¿No tiene nuestro país capacidad para afrontar la emergencia desde la sociedad civil? ¿O se busca otro fin en la estrategia militar?
Si pensamos un momento en cuál es el fin del ejército todo el mundo pensara enseguida en la guerra y en la protección de nuestras fronteras ante invasiones extranjeras. Cuando vemos militares desplegado en territorio nacional, marchando por las calles de Pamplona o Barcelona sin un fin concreto, en una exaltación sin sentido de su propia existencia, se nos viene a la cabeza otros países con supuestas democracias menos asentadas, donde la resolución de los problemas políticos se plantea por la vía militar en vez la vía del dialogo. Pero desde hace unos años, estamos acostumbrados a ver y oír constantemente en los medios de comunicación la cara más amable de las Fuerzas Armadas. La Unidad Militar de Emergencias (UME), que cada vez que hay un gran incendio forestal o una inundación acapara los medios de comunicación, y que durante estos días, se ha hecho muy presente en muchas facetas de la lucha con el Covid-19.
Pero para hablar de la UME hay que contextualizar la historia de su creación, y remontarnos a los años 90, cuando el Ministerio de Medio Ambiente crea por el territorio nacional las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), a través de su empresa pública Tragsa, fijándose en el cuerpo de elite norteamericano de los “smoke jumpers”. Unas brigadas helitransportadas de personal especializado para la lucha contra los incendios forestales, que esos años, estaban asolando España y que en ese momento los medios que había, resultaban totalmente insuficientes para hacerles frente. Durante aquellos años se crearon nueve bases BRIF que empleaban a casi 500 trabajadores que fueron el germen de una nueva profesión, los bomberos forestales, que, con ayuda de helicópteros de gran capacidad, MI8 rusos primero y PUMAS europeos después, acudían a cualquier punto de la geografía española a apoyar al personal propio de las Comunidades Autónomas a extinguir los grandes incendios forestales.
El nivel de calidad y especialización continuó, pese a que el trabajo de las BRIFs solo se desarrollaba durante la temporada de incendios veraniegos. Sus trabajadores comenzaron a unirse y luchar, para trasformar ese trabajo de verano en una profesión digna para toda la vida. En agosto de 2005, se da la primera movilización del personal de la BRIF protestando por la situación precaria del servicio y solicitando la ampliación de la campaña y sus competencias. Un año antes se habían sufrido unas nevadas que dejaron a gran parte del país bloqueado y el 17 de julio de 2005 se produjo el famoso incendio de Guadalajara, donde murieron 11 trabajadores del operativo de extinción.
En 2005 gobernaba el PSOE, con Zapatero como presidente, y a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente se situaba Cristina Narbona, con quien en septiembre de ese año, la asociación que representaba a los trabajadores de las BRIFs del estado, ATBRIF, tuvo la primera reunión con la ministra, donde le trasladaron una propuesta para ampliar el trabajo de las BRIFs a contingencias y emergencias en el medio natural, como nevadas, inundaciones o grandes catástrofes, además de los incendios forestales.
Sin una respuesta clara por parte del ministerio, el 7 de octubre de 2005 el gobierno de España aprueba la creación de la UME en consejo de ministros y de la propuesta de las BRIFs nada se volvió a saber. Con un coste total de 1600 millones de euros, la UME está compuesta por siete bases, Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza, San Andrés del Rabanedo (León), Gando (Las Palmas) y Los Rodeos (Tenerife), y más de 3500 miembros. Su dotación de material es amplia y diversa, contando con cerca de 1.000 vehículos, no sólo terrestres, sino también aviones, helicópteros y embarcaciones ligeras. El resultado final es contrario a lo que la gente opina respecto al aprovechamiento para la sociedad del gasto militar, suponiendo un incremento al desmesurado gasto de defensa, ya que de 2006 y 2008 el presupuesto en defensa aumento más de un 20%.
El gobierno socialista quiso copiar el modelo francés, creado por el general De Gaulle tras la segunda guerra mundial, obviando que el modelo de EEUU, Australia, Canadá, Japón y el resto de Europa para la Protección Civil es el de personal profesional y civil, recibiendo críticas tanto desde fuera como desde dentro del ejército, pero la intención de blanquear un ejército que no tenía gran aceptación en nuestro país y la posibilidad de controlar un cuerpo de tantos trabajadores sin prácticamente derechos laborales, hizo decantarse por este modelo.
El resultado nada tiene que ver con el modelo francés, ya que Francia, con 65 millones de habitantes, tiene unos 52.000 bomberos civiles y bomberos militares 1500, con lo que la ratio bombero civil/bombero militar es de 34,66/1, pero España, con 46 millones de habitantes, tiene 20.222 bomberos, y la UME tiene 3.560, su ratio es de 5,68/1; es decir, que la desproporción es abismal.
Podríamos pensar que con tal inversión en la UME su capacidad de trabajo es inmensa y realizan gran cantidad de intervenciones, pero esa idea choca con la realidad de las cifras. El pasado año, los 1.300 bomberos de la Comunidad de Madrid realizaron un total de 27.500 salidas. Los 607 de Barcelona, casi 21.000. Los 186 de Bilbao, alrededor de 2.500 y los 35 de Uesca 1484. Un soldado de la UME tuvo una media de intervención de 0,017; mientras que la de los bomberos de Comunidad de Madrid se eleva a 21,1; 34,5 en Barcelona, 13,4 en Bilbao y los de Uesca 42,4. Sin embargo, en los últimos 10 años los bomberos civiles han pedido 3000 puestos en todo el estado, pasando de 22.800 en 2010 a 19.800 funcionarios bomberos en la actualidad, por lo que no paramos de preguntarnos por las mejoras que podrían darse en los mermados servicios de bomberos civiles y forestales con el presupuesto de la UME.
Además, la imagen de la UME es omnipresente e inmaculada en las emergencias, incluida la crisis que estamos sufriendo. Pero cuando rascas un poco y hablas con el resto de personal que trabaja junto a ellos, bomberos civiles y bomberos forestales, descubres que la UME se caracteriza por la gran cantidad de medios que moviliza, pero la poca efectividad en el trabajo, sin iniciativa de sus miembros, jerarquía militar que impide ayudar a otros cuerpos que actúan junto a ellos y con una lenta capacidad de respuesta, cuestiones muy importantes cuando estamos hablando de emergencias. Todo ello es posible por el magnífico trabajo de márquetin que realiza el ejército, gracias a que la UME siempre mueve a su “batallón” de responsables en relaciones públicas y prensa, que consiguen capitalizar y protagonizar toda la información, cuando la mayoría de las veces, son bomberos civiles y forestales los que terminan realizando el grueso de las labores y con muchos menos medios.
Lo que la gente no sabe de los despliegues de la UME, es que no son gratuitos. Cuando solicitan su activación en un incendio forestal, una riada o una gran nevada, a la comunidad autónoma se le detrae de los presupuestos del año siguiente la “factura” que pasa el ejército por sus servicios. De esta manera, los ciudadanos pagan dos veces por el mismo servicio. En 2012, el incendio de Castanesa, en el pirineo aragonés, el despliegue de la UME rondo los 2 millones de euros, es de suponer que, en la actual crisis sanitaria, el ejército no pasará ningún tipo de cobro a las administraciones que requieren sus servicios, pero está cuestión está por ver.
Con toda la información expuesta, ¿se podría decir que España tiene capacidad para afrontar la crisis del COVID 19 sin necesidad de que el ejército asuma tanto protagonismo? Ya hemos explicado la capacidad que tiene el gobierno a través de los bomberos forestales de las BRIFs con un mando único dependiente del gobierno central, además de que cada comunidad autónoma tiene sus cuerpos de bomberos civiles que han pasado a depender del ministerio del interior haciendo trabajos diversos, como desinfecciones, retirada de cadáveres, además de continuar atendiendo las emergencias de su competencia. También disponen de los cuerpos de bomberos forestales autonómicos, que, en Aragón, dependen de la empresa pública Sarga, a lo que debemos sumar los servicios diversos de las administraciones locales, como los de limpieza.
También hemos visto al ejército en los controles policiales desplegados con sus armas de combate, suponiendo un hecho grave y totalmente injustificado. La suma de policía nacional, guardia civil, policías autonómicas y policías locales es de 238.000 policías a las órdenes del ministerio de interior, y dado que la población está acatando masivamente las órdenes de restricción de movimiento con pequeñísimas excepciones, la cifra parece suficiente para un periodo confinamiento. Además, el ejército no está preparado para realizar tareas policiales en el país de origen, ya que carece de armamento adecuado para el trato con la población civil ni conoce la legislación aplicable, al contrario que las diferentes policías. Desplegarse en Zaragoza o Madrid no es desplegarse en Kabul o Trípoli, con lo que tenemos que preguntarnos ¿Cuál es la razón para desplegar militares para labores policiales?
En esta situación, los responsables políticos pueden tener la debilidad de caer en tácticas autoritarias, y pensar que para reforzar el cumplimiento de las nuevas normas que recortan los derecho y libertades, es mejor visualizar la fuerza armada en nuestras calles, cometiendo el error de tratar a nuestra sociedad como poco responsable ante la crisis que vivimos y sembrando un mal precedente para el futuro.
No es de extrañar que la ciudadanía se sorprenda cuando asiste a ruedas de prensa gubernamentales con gran presencia militar, para tener que escuchar en boca del JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, que “en esta guerra todos somos soldados”. Pero no debería sorprendernos esta actitud por parte de las Fuerzas Armadas porque es para lo que están preparados, la guerra. Lo que deberíamos pedir es que el ejército no tuvieran el peso que el gobierno les ha otorgado en esta crisis, ya que como hemos ido desgranando en este artículo, el estado tiene capacidad suficiente para abordarla desde una visión totalmente civil, lo que tampoco descarta la utilización de medios militares para cuestiones puntuales, pero dando la importancia y el protagonismo a quien realmente lo tienen, los sanitarios, los bomberos o la multitud de servicios públicos, que sin llenar portadas, trabajan diariamente para salir de esta crisis lo antes posible. Con lo que todos deberíamos decir: “en esta crisis todos somos civiles”.
