Con las próximas elecciones autonómicas a la vista, la valoración que hace el colectivo ambientalista de los últimos cuatro años del gobierno de Cospedal no puede ser más negativa. Los recortes en sanidad, educación, servicios sociales y medio ambiente han llevado a nuestra comunidad a una situación de emergencia socio-ambiental sin precedentes, poniéndonos en el pelotón de cabeza de las regiones con mayor tasa de riesgo de pobreza de todo el Estado español (un 31,3% según la última encuesta de Condiciones de Vida del INE), mientras que las grandes empresas y fortunas siguen teniendo beneficios a pesar de la crisis.
En lo que al medio ambiente se refiere, décadas de desarrollismo han impactado sobremanera en los recursos naturales, particularmente en el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad, deteriorándolos hasta niveles altísimos, y dejando un territorio lleno de cicatrices. A ello se une el progresivo retroceso al que se están viendo sometidas las políticas medioambientales, cada día más relegadas en el organigrama de las administraciones y en la lista de prioridades, y prueba de ello es el desmantelamiento de la Consejería de Medio Ambiente por parte del gobierno de Cospedal y la reducción del presupuesto medioambiental de un 51% (cien millones de euros) desde 2010. Pero lo que ha caracterizado al actual gobierno es que ha legislado siempre en beneficio de los grandes grupos de poder (las grandes empresas energéticas, los aguatenitentes y el lobby cinegético) y en detrimento de los derechos sociales y ambientales del resto de la población.
En la interminable lista de agresiones y amenazas ambientales de nuestra región cabe destacar: la propuesta de construcción del cementerio nuclear (ATC) en Villar de Cañas, que el gobierno del PP se empecina en continuar a pesar de los informes geológicos negativos, anteponiendo de manera irresponsable los intereses de las grandes eléctricas y constructoras a la salud de los castellano-manchegos; los proyectos de extracción de gas no convencional mediante la fractura hidráulica o fracking (una técnica altamente contaminante para los acuíferos y ecosistemas hídricos) en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara; la nueva ley de Caza, que pondrá los espacios naturales protegidos y el monte público en manos de los grandes cazadores; y los nuevos planes hidrológicos del Tajo, Guadiana y Júcar, que lejos de perseguir el buen estado cualitativo y cuantitativo de los ecosistemas hídricos como marca la Directiva Marco del Agua europea, siguen siendo planes de reparto de este bien común y escaso entre los aguatenientes de la región. En el caso del Tajo se sigue apostando por los trasvases a otras cuencas dejándolo sin unos caudales ambientales mínimos, mientras que en el caso del Alto Guadiana, la actual consejera de Agricultura, Maria Luisa Soriano ha declarado la defunción oficial del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) sin plantear una alternativa que aborde de una vez por todas los históricos problemas de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos manchegos.
Las propuestas en su conjunto plantean una hoja de ruta en materia de sustentabilidad para la nueva legislatura y esperamos que orienten y sean tenidas en cuenta en las importantes decisiones que se adoptarán en breve tanto en Castilla-La Mancha como en contextos más globales.Ante este desolador panorama, y pensando en los próximos comicios, Ecologistas en Acción ha elaborado una lista de propuestas socio-ambientales de urgencia para sacar a la región de este estado terminal. Las líneas maestras que orientan las propuestas, son: la lucha contra el cambio climático, descarbonizando la economía y apostando por las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética; el reparto del trabajo y la creación de empleo digno, sostenible y de utilidad social; poner fin al urbanismo depredador; descontaminar la salud de las personas; recuperar el buen estado de los ecosistemas hídricos e involucrar a toda la sociedad en la gestión racional del agua; alcanzar la soberanía alimentaria y defender el medio rural; acabar con la privatización y recuperar el control social de los servicios básicos; proteger la biodiversidad y los espacios naturales; y promover la sensibilización ambiental de la sociedad castellano-manchega, y el protagonismo de las políticas medioambientales a nivel de las instituciones.
En lo que al medio ambiente se refiere, décadas de desarrollismo han impactado sobremanera en los recursos naturales, particularmente en el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad, deteriorándolos hasta niveles altísimos, y dejando un territorio lleno de cicatrices. A ello se une el progresivo retroceso al que se están viendo sometidas las políticas medioambientales, cada día más relegadas en el organigrama de las administraciones y en la lista de prioridades, y prueba de ello es el desmantelamiento de la Consejería de Medio Ambiente por parte del gobierno de Cospedal y la reducción del presupuesto medioambiental de un 51% (cien millones de euros) desde 2010. Pero lo que ha caracterizado al actual gobierno es que ha legislado siempre en beneficio de los grandes grupos de poder (las grandes empresas energéticas, los aguatenitentes y el lobby cinegético) y en detrimento de los derechos sociales y ambientales del resto de la población.
En la interminable lista de agresiones y amenazas ambientales de nuestra región cabe destacar: la propuesta de construcción del cementerio nuclear (ATC) en Villar de Cañas, que el gobierno del PP se empecina en continuar a pesar de los informes geológicos negativos, anteponiendo de manera irresponsable los intereses de las grandes eléctricas y constructoras a la salud de los castellano-manchegos; los proyectos de extracción de gas no convencional mediante la fractura hidráulica o fracking (una técnica altamente contaminante para los acuíferos y ecosistemas hídricos) en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara; la nueva ley de Caza, que pondrá los espacios naturales protegidos y el monte público en manos de los grandes cazadores; y los nuevos planes hidrológicos del Tajo, Guadiana y Júcar, que lejos de perseguir el buen estado cualitativo y cuantitativo de los ecosistemas hídricos como marca la Directiva Marco del Agua europea, siguen siendo planes de reparto de este bien común y escaso entre los aguatenientes de la región. En el caso del Tajo se sigue apostando por los trasvases a otras cuencas dejándolo sin unos caudales ambientales mínimos, mientras que en el caso del Alto Guadiana, la actual consejera de Agricultura, Maria Luisa Soriano ha declarado la defunción oficial del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) sin plantear una alternativa que aborde de una vez por todas los históricos problemas de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos manchegos.
Las propuestas en su conjunto plantean una hoja de ruta en materia de sustentabilidad para la nueva legislatura y esperamos que orienten y sean tenidas en cuenta en las importantes decisiones que se adoptarán en breve tanto en Castilla-La Mancha como en contextos más globales.Ante este desolador panorama, y pensando en los próximos comicios, Ecologistas en Acción ha elaborado una lista de propuestas socio-ambientales de urgencia para sacar a la región de este estado terminal. Las líneas maestras que orientan las propuestas, son: la lucha contra el cambio climático, descarbonizando la economía y apostando por las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética; el reparto del trabajo y la creación de empleo digno, sostenible y de utilidad social; poner fin al urbanismo depredador; descontaminar la salud de las personas; recuperar el buen estado de los ecosistemas hídricos e involucrar a toda la sociedad en la gestión racional del agua; alcanzar la soberanía alimentaria y defender el medio rural; acabar con la privatización y recuperar el control social de los servicios básicos; proteger la biodiversidad y los espacios naturales; y promover la sensibilización ambiental de la sociedad castellano-manchega, y el protagonismo de las políticas medioambientales a nivel de las instituciones.
