Lo han vuelto a hacer. CSIF, CCOO y UGT acaban de firmar, una vez más sin consultar a los afectados, un acuerdo para los empleados públicos que da nuevo oxígeno a un gobierno desacreditado y contra las cuerdas
Lo han vuelto a hacer. CSIF, CCOO y UGT acaban de firmar, una vez más, sin consultar a los afectados, un acuerdo para los empleados públicos que da nuevo oxígeno a un gobierno desacreditado y contra las cuerdas: incapaz de sacar adelante unos presupuestos, presionado por las grandes movilizaciones de pensionistas y mujeres, actuando dictatorialmente contra el pueblo catalán y la disidencia social y corroído por una corrupción rampante.
En ese contexto, además, el acuerdo de ni siquiera va a servir para recuperar el poder adquisitivo perdido: se establece un aumento que como máximo será del 8’1% en tres años, cuando los empleados públicos hemos perdido un 13’3% en los últimos años. Es decir, los empleados públicos nos habremos dejado por el camino un 5% como mínimo de nuestro salario, sin sumar además los incrementos del IPC que se producirán. Pero es que además el acuerdo vincula los aumentos salariales al crecimiento económico y a la reducción del déficit público, no a su revalorización automática en función del poder adquisitivo perdido. Todo ello cuando está en cuestión el método de revalorización de las pensiones con la crisis abierta por la gran movilización de los pensionistas.
Aunque lo anterior por sí solo ya da una idea de la dimensión del fraude, tampoco hay compromiso gubernamental de reposición de todo el empleo destruido (puesto que se vincula al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria) y de algunos de los derechos perdidos en los últimos años.
Los portavoces sindicales hablan de un “buen acuerdo“: a buen seguro que obtendrán buenas prebendas a cambio de su firma. Montoro por su parte lo califica de “histórico” y lo pone como modelo para la negociación colectiva del sector privado.
Primer acuerdo salarial para los funcionarios vinculado al crecimiento económico
Después de una nueva reunión de algo más de dos horas celebrada este viernes, los sindicatos, CCOO, UGT y CSIF y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, suscribieron finalmente un acuerdo global.
El pacto, que fue ratificado por la tarde con la firma del mismo por parte de los máximos responsables de los sindicatos y el ministro Cristóbal Montoro, la horquilla de incrementos salariales queda establecida entre un mínimo del 6,1% y máximo del 8,8% para el periodo 2018-2019-2020. A esto hay que añadirle un 0,75% de fondos adicionales garantizados para el conjunto de los tres años. Se trata de la primera vez en la historia que un acuerdo de salarios para los funcionarios se vincula al crecimiento económico y el cumplimiento del déficit público, por lo que el IPC pierde protagonismo también en el ámbito de las revalorizaciones salariales. Además, lo hace en pleno debate de cómo ha de actualizarse la cuantía de las pensiones.
De acuerdo con lo consensuado por ambas partes, en 2018, la subida será de un 1,75%, más un 0,20% de fondos adicionales. En 2019, se elevará al 2,25%, más un 0,25% variable en función del PIB, más un 0,25% de fondos adicionales. Para 2020, un 2%, más un variable del 1% en función del PIB, más un 0,3% de fondos adicionales. Si se cumple el objetivo de déficit en 2020, habrá una prima final del 0,55%.
Para favorecer la conciliación familiar, los empleados públicos podremos modificar la jornada con horas de libre disposición acumulables, equivalentes a 11 días anuales. Estas horas deberán recuperarse en acuerdo con la Administración. Además, el acuerdo incluye la posibilidad de establecer un sistema específico de jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años o con discapacidad.
Otras medidas acordadas son la devolución del 100% del salario en casos de baja por Incapacidad Temporal, el fomento de los planes de igualdad y medidas de corresponsabilidad en todas las Administraciones públicas, el impulso de la formación o el análisis sobre la jubilación parcial de algunos colectivos. En cuanto al empleo, se ha pactado para 2018 la tasa de reposición del 100% para todas las Administraciones Públicas que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Esta tasa se podrá elevar al 108% en los casos de aquellos sectores o ámbitos que requieran un esfuerzo adicional de efectivos.
Si finalmente no se aprobaran unas nuevas cuentas públicas y acabara el ejercicio con la prórroga actual de las de 2017, el Gobierno ya prevé aprobar este incremento de salario a los funcionarios mediante un decreto.
