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Por parte de los poderes públicos, con la caratula de la Comisión Europea y la troika, desde el 2010, se está llevando a efecto toda una “operación educativa” y disciplinadora, para quebrar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro sistema público de Seguridad Social. Se pretende reducir el debate en exclusiva al “sistema público de pensiones” y, de esta manera, el ciudadano o ciudadana admita, de forma “normal”, que la Seguridad Social, nuestro sistema, no opera en otros campos más allá de la pensión de jubilación, como por ejemplo la Sanidad.
Que la Sanidad, por ejemplo, se financia con impuestos provenientes de los PGE, los cuales son aportados por todas las personas que componen la población del estado español, introduciendo de este modo ideas peregrinas y anti ley, que tratan de hacer olvidarse a la población de esta financiación, y tratar de consolidar ese “pensamiento” de que las pensiones sólo se financian con las cotizaciones, con lo cual el problema se reduce a adoptar aquellas medidas “técnicas” en los supuestos de insuficiencias de cotizantes (ingresos) y sobre abundancia de perceptores (jubilados/as) y se hace olvidar de esta manera a la población, que nuestro sistema de Seguridad Social actual y constitucionalizado, rompió con el modelo de Seguros Sociales y asistencialismo, existente hasta los años 80.
Reducir el debate a la “pensión de jubilación”, no solamente resulta tramposo y antisocial, -y millones de personas van a salir perdiendo derechos esenciales y fundamentales-, sino que además, se estaría trabajando en la lógica de la “redistribución a la inversa”, es decir, los privilegiados, los poderosos, se apropian de recursos públicos por la vía de no contribuir con sus impuestos a la financiación de la cobertura de necesidades ante hechos protegidos por el sistema público de Seguridad Social, las pensiones, y además, ahora, se pretende exigir a cada “asegurado/a” que él sea el proveedor de su necesidad (pensión), si quiere ir más allá de “conformarse con una pensión asistencialista”.
Los privilegiados (mercados, empresarios, ejecutivos, políticos, etc., etc.) se desligan de esta manera “mágica” de la obligación de cumplir con el principio de solidaridad, base y fundamento del estado social y de derecho, se da un “golpe de estado” contra el propio estado social y ahora se externaliza el riesgo y se responsabiliza al propio ciudadano, desligándose el Estado de esa función política-jurídica que tiene como principio de legalidad, articular y realizar políticas que den respuestas a los derechos sociales, con universalidad y con suficiencia de los mismos.
Estamos hablando de la función del Estado, que como ya indicaba en 1944 W.Beveridge, ...”todo Gobierno, una vez que adopte la decisión política de abolir la miseria, utilizando como instrumento principal un Sistema de Seguridad Social, dispone de medios para Estamos hablando que el art.50 CE obliga a que...” los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica del ciudadano durante la tercera edad” y, además hace explicita la opción por la Seguridad Social -corazón del Estado Social y de Derecho art.1.1 CE-, quedando muy clara la obligación de mantener un Sistema de Seguridad Social...”para todos los ciudadanos y las ciudadanas, que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante las situaciones sociales de necesidad”.
Quienes orientan a las poblaciones, bien sea desde la troika, Comisión Europea, Gobiernos de turno y “supuestos expertos teledirigidos”, a debates falsos como el actual basados en argumentos MISERABLES del tipo...”las pensiones son muy generosas...” … “ el sistema es insostenible a largo plazo”..., lo que realmente están planteando es la reducción del compromiso de los poderes públicos (pensiones suficientes y actualizadas para todas las personas), y darle a esos poderes públicos carta de naturaleza para dar un golpe al estado social y de derecho y dejar reducido su compromiso de garantía exclusivamente a pensiones mínimas de subsistencia, complementadas por el ciudadano/a (se le traslada el riesgo y ventura al individuo) con otras pensiones derivadas de fondos de pensiones colectivos o profesionales obligatorios y, finalmente fondos de pensiones individuales voluntarios.
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